El AIFA y su crisis

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dispone de un sinnúmero de frentes abiertos, no solamente tiene una pésima conectividad terrestre; tampoco se trata del rebase de los 75 mil millones de pesos que iba a costar y que ahora mismo ronda los 115 mil millones; menos aún se trata de las prácticas contra los trabajadores sindicalizados que laboran en condiciones de locura.

Hay algo más complicado, si cabe decir: la posibilidad de que pudiera darse un accidente en el espacio aéreo, dadas las complicaciones técnicas que se están gestando.

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El primer golpe fue reducir los sueldos de los controladores de tránsito aéreo, que dependen de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), lo que abrió un enorme frente laboral. La consecuencia es que Seneam ha colocado gente improvisada pero dócil, que no tiene el oficio para operar un proyecto como el que tienen en las manos.

El segundo problema es el “rediseño de espacio aéreo” que ha creado un gigantesco problema a las aerolíneas, obligándolas a gastar más combustible, incrementar el tiempo de vuelo y como es de entenderse, descifrar el ambiente meteorológico del nuevo puerto aéreo.

Las fuentes comentan que Seneam ha ocultado lo que ocurre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, generando una olla exprés que tarde o temprano, estallará.

No en balde, son numerosas las aerolíneas que se están tardando a propósito para no pasar por ese puerto aéreo o en todo caso, enviar uno que otro vuelo para arriesgar lo menos que se pueda, sin echarse encima a Palacio Nacional.

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Con todo, el peligro existe y la ausencia de información veraz solo exacerba la rumorología, algo que no debería darse en un proyecto que ha costado y seguirá costando, una fortuna a los mexicanos.

De las anécdotas que se cuentan

El 21 de diciembre de 2021, José Guadalupe Ávila Guevara, de escasos 33 años de edad, salió caminando del Penal de Puente Grande, Jalisco. Sin disparos, ni a bordo de carritos de lavandería. Salió sin prisas, con la impunidad rebosante en sus bolsillos.

Ávila Guevara no era un preso cualquiera, sino miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y para dejar la prisión no pagó a docenas de funcionarios ni emprendió un escape hollywoodense; simplemente, salió con un documento que le autorizaba a dejar el Penal.

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El oficio era apócrifo y Ávila Guevara solo requirió el apoyo de una funcionaria de Puente Grande. Por si no fuera suficientemente enredado el asunto, nadie se dio cuenta de su ausencia, hasta enero de 2022, porque llegó un oficio en el que se solicitaba que este personaje se presentara ante una audiencia relacionada con un delito.

Fue el propio director de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, quien señaló a la prensa que nadie se había percatado de la ausencia del multicitado individuo, hasta que llegó aquel oficio solicitando su presencia en una audiencia.

Como es de entenderse, la funcionaria que presumiblemente apoyó la salida del integrante de CJNG, no se ha presentado a sus labores.

El caso por el que Ávila Guevara se encontraba en prisión se remonta a 2013, en Lagos de Moreno, adonde se dio el homicidio de siete jóvenes. Fue el 7 de julio de ese año, que uno de los líderes regionales de CJNG, dio la orden de levantarlos y asesinarlos, porque aparentemente habían robado una mochila que se encontraba al interior de un vehículo.

No se ha mencionado qué contenía la mochila y menos, como fue qué aquellos muchachos estaban vinculados a este asunto.

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El punto es que los siete jóvenes fueron llevados a una granja en las inmediaciones de La Comanja de Corona, un pequeño poblado que forma parte de Lagos de Moreno y que colinda al sureste con Guanajuato.

En ese lugar, fueron ejecutados y posteriormente disueltos en ácido.

Su desaparición generó una intensa movilización mediática de sus familiares, quienes finalmente lograron que unas semanas después, se ubicaran restos humanos en un paraje de Lagos de Moreno.

Tras una larga investigación, las autoridades obsequiaron una docena de órdenes de aprehensión, una de las cuales era en contra de Ávila Guevara, quien apenas había dejado la prisión en 2012, por un tema de narcomenudeo, pero salió sin problemas.

Al final, los expertos identificaron que los restos correspondían a cuatro de los siete desaparecidos, de 18, 19, 22 y 39 años, respectivamente. Con todo, los tres restantes no han sido ubicados.

La salida calmosa y sin sobresaltos de prisión por parte de José Guadalupe Ávila, permite confirmar lo ocurrido en todas partes del país: el Estado criminal se ha montado sobre el Estado de Derecho, más allá de declaraciones tronantes y golpes de pecho.

Si hubiera alguna duda de lo anterior, ahí está lo ocurrido hace escasos días en San José de Gracia, Michoacán.

Ya no hay delincuentes de alto perfil que operen desde las sombras, porque ya no necesitan de éstas últimas.

La realidad termina por imponerse.

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*ARD