Aún en negociaciones, en la UDLAP nadie cede; Jenkins piden entre la Guardia Nacional

El pleito legal por la Universidad de las Américas Puebla continúa, aunque las partes llevan a cabo negociaciones.

Ayer, José Daniel Vázquez Millán, titular de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de la Asistencia Privada de Puebla, señaló que la suspensión provisional otorgada a la UDLAP, no tiene efecto, ya que no fue un juez sino un secretario en funciones, quien la otorgó y señaló que las acciones del “nuevo patronato”, han sido bajo el marco legal.

El funcionario estatal reiteró que el patronato encabezado por Horacio Magaña y el rector Armando Ríos Piter se mantienen en sus cargos.

De inmediato, el viernes, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla ordenó al Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, como medida precautoria, mantener las cosas en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que continúe el nuevo patronato designado el 28 de abril de 2021 y no el que está a cargo de Margarita Jenkins.

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Precisó que las reformas realizadas a los estatutos de la fundación para fraguar y dotar de “aparente legalidad” el desfalco quedaron invalidadas por las autoridades por lo que los nombramientos del nuevo patronato y del rector Armando Ríos Piter se mantienen válidos.

Reiteró que los Jenkins se mantienen prófugos por haberse librado en su contra órdenes de aprehensión por lavado de dinero y administración fraudulenta, al existir una investigación judicial por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins por más de 720 millones de dólares.

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Las partes empezaron negociaciones informales, el gobierno insiste en que vuelvan a radicar los fondos de la fundación en Puebla y los Jenkins de Landa no aceptan, pero está en la mesa el futuro de la Udlap y de Luis Ernesto Derbez.

El viernes 16 de julio, un juez federal otorgó una suspensión provisional y ordenó la restitución del patronato encabezado por Margarita Jenkins, por lo que dejaba invalidada la designación de Armando Ríos como rector del plantel.

El resolutivo es el 1029/2021 del Juzgado Federal Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales.

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En el fondo, la gestión de los Jenkins mantiene el control de los académicos, los cursos en línea y toda la información que mueve a la Universidad. Su contraparte sólo mantiene el control del campus, pero está lejos de tomar la administración de la institución a unos días de que empiece el próximo ciclo escolar.

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Los dirigentes del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Patricia Elizabeth Parra Maldonado (sección 25), Julieta Pérez (sección 82) y Ulises Germán Téllez (sección 75) anunciaron que retomarán los paros y amagaron con una movilización, después de que más de 5 mil trabajadores de hospitales se quedaron sin bono Covid.

Parra Maldonado, informó que hubo un acuerdo para dar un pago único de 3 mil pesos a trabajadores el 15 de julio, sin embargo, no lo hicieron para todos, lo que generó inequidad laboral.

Dio a conocer que 9 mil 6 trabajadores estuvieron activos desde la pandemia, pero la Secretaría de Salud sólo reconoció a 3 mil 546 para darles un bono, pese a que se acordó que se otorgaría a toda la base trabajadora.

Esa es la razón por lo que continuarán con sus paros y prevén una movilización para exigir a la secretaría que cumpla sus compromisos.

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Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que la posible marcha que realice el Sindicato de Trabajadores de Salud es porque han desvirtuado la información, pues exigen que se les pague el bono Covid a todos, cuando sólo es para quienes estuvieron en hospitales Covid.  

Ante esta petición, el secretario expuso que este bono era un pago de agradecimiento que realizó el gobernador Luis Miguel Barbosa y sólo se le otorgó a quienes estuvieron en la primera línea de batalla.

Fue el martes 22 de junio cuando trabajadores de la Secretaría de Salud estatal iniciaron paros de dos horas diarias de labores para pedir que se mejoren las condiciones de los empleados.

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Al menos 15 mil números de teléfono en México de periodistas, activistas, líderes sindicales, críticos del gobierno, entre otros, están en un listado de objetivos del software israelí de vigilancia Pegasus, de acuerdo con una investigación de medios internacionales.

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En la lista de posibles objetivos, que inició en 2016, aparecen en total 50 mil números de varios países y la investigación logró corroborar 37 casos de teléfonos que habían sido hackeados con éxito.

En el caso de México, los números aparecieron entre 2016 y 2017 e incluyen al menos a 25 periodistas, entre ellos Carmen Aristegui y el reportero local de Guerrero Cecilio Pineda, quien fue asesinado en 2017, según The Washington Post.

El uso del software de la empresa NSO Group, que está originalmente hecho para espiar a posibles criminales y sólo puede ser vendido a gobiernos, ya se había documentado en México durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. No se descarta que el mismo software haya sido utilizado en Puebla durante la gestión de Moreno Valle.

*AR