Denuncien a quien obligue a tomar terapias de conversión, pidió comunidad LGBTTI

Puebla, Pue. María José Flores Serrano (majo), presidenta de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), se sumó al llamado que está haciendo la comunidad LGBTTI para que se denuncien casos donde alguna persona los está obligando a tomar terapias de conversión, para que una vez que entre en vigor la ley que se aprobó ayer en el Congreso local, se castigue a los agresores y terminando con esos actos de impunidad.

De los posicionamientos conservadores, religiosos y de colectivos de padres de familia que se habían pronunciado en contra de sanciones de 1 a 3 años de prisión, Majo aseveró que lo rescatable es que ningún padre de familia puede educar a su hijo a través de torturas, como el mantenerlos drogados, con golpes, y privarlos de su libertad, es decir, todo lo que involucre en Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).

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En entrevista para Lo de Hoy, destacó que en varios estados de la República las Ecosig están siendo castigadas, así como se aprobó ayer jueves en el Congreso de Puebla, pasará lo mismo la siguiente semana en lugares como Hidalgo, donde está por discutirse. En esa medida resaltó que ahora en Puebla solo resta esperar a que el Poder Ejecutivo cumpla con la publicación de estas reformas al artículo 228, en el Periódico Oficial del Estado (POE). 

Majo destacó que es un gran avance que se hayan impuesto penas de 1 a 3 años de prisión, aunque reconoció que quienes se han sido violentados por varios años con esas terapias de tortura, lo que pedirían como como cualquier otra víctima de delito, sería cárcel de por vida, pero a fin de cuentas creyó que a ninguna persona le gustaría pasar ni seis meses en prisión.

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A partir de que las Ecosig fueron tipificadas como delito, la defensora de los derechos sexuales y humanos en Puebla, destacó que esta determinación ayudará a terminar también con aquellas prácticas que aparentes profesionales de la salud mental veían como un negocio.

“Todos aquellos que nos ven como un negocio o que nos veían como una fuente de poder dinero, tendrán que buscar a que dedicarse porque en esta ocasión, ya saben que mínimo un año tendrán que pasar en prisión si llegan a intentar seguir con este tipo de terapias”.

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Sin revelar cifras, Majo aclaró que en Puebla se tienen casos de personas trans o de la comunidad LGBTTI están siendo obligados a tomar este tipo de terapias de conversión, pero al estar inmersos en este escenario social, de todos solo una persona “se animó” a denunciar, pero bajo el anonimato, para no seguir siendo más lastimados.

Insistió que, a partir de ahora, una vez que entre en vigor la ley para castigar los Ecosig, todos los que están siendo víctimas de tortura para cambiar de orientación sexual, se animen a denunciar.

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