Pleito legal entre Gertz Manero y familia Jenkins provoca desalojo de la UDLA Puebla

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En el plantel universitario, ubicado en San Andrés Cholula, se encuentra la Guardia Nacional y la policía estatal de Puebla
Por Alma Méndez 29 Junio, 2021

Puebla, Pue. La mañana de este martes personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, personal del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), para cumplir con la determinación ordenada por el Juzgado Segundo de lo Civil de San Andrés Cholula.

Esto después de que, en mayo pasado, el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, ordenó un embargo precautorio del patrimonio completo de la familia Jenkins de Landa, luego de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla los acusó de desviar los recursos de la organización con movimientos y donaciones simuladas en el extranjero.

Vía redes sociales, estudiantes y docentes, por lo que se tuvo que suspender los talleres que se realizan de manera presencial.

Por lo que se pudo ver que los alumnos, maestros y personal fueron desalojados, utilizaron vehículos oficiales para el operativo donde subieron cajas con documentos y se aseguraron dos camionetas propiedad de la universidad.

Según dado a conocer vía Twitter de Raymundo Rivapalacio, en el plantel se encuentra la Guardia Nacional y la policía estatal de Puebla, elementos que llevan a cabo el desalojo del personal universitario.

La tensión creció después de mediodía, pues la actual fundación alegaba que se encuentran amparados, por lo que cualquier procedimiento de suspensión provisional no procedería y los nuevos patronos no podrían tomar posesión del campus.  

En un comunicado la Fundación Universidad de Las Américas Puebla I.B.P  encabezada por el presidente Horacio Magaña Martínez señala que el patronato legalmente constituido de dicha fundación promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, un juicio ordinario civil con el propósito de recuperar los bienes que fueron sustraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a través de un conjunto de actos delictivos de simulación y de  operaciones con recursos de procedencia ilícita que han sido previamente denunciados  ante la autoridad ministerial federal y local.

Por ello, el juez de la causa dictó una medida cautelar que consiste en otorgar al Patronato la inmediata posesión de la Universidad De las Américas Puebla, con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la institución y la prestación regular de los servicios que presta.

De acuerdo con el documento del oficio 2383 referente al expediente 426/2021 con fecha 28 de junio, quien recibe los bienes es Horacio Magaña Martínez, en su carácter de presidente de dicha Fundación.

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En el oficio referido, se ordenó al rector de la institución, Luis Ernesto Derbez Bautista, y a todo el personal, abstenerse de impedir este mandamiento del juez José Cuauhtémoc Blázquez Guevara.

"Se autoriza acordar todo tipo de promociones tendientes a la diligencia del exhorto, autorizándose también el uso de fuerza pública, así como el rompimiento de cerradura, por ello, se ordena girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que se brinde el apoyo a fin de desahogar la medida cautelar", cita el documento del Poder Judicial de Puebla.

Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins señaló que cuenta con una suspensión federal para evitar que se pretenda crear un Patronato espurio, que usurpe funciones en la Udlap, por lo que, acusa que la intervención en las instalaciones en dicha casa de estudios, es un acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de Derecho. “La violación a la suspensión federal constituye un fraude a la ley”.

Mediante un comunicado de prensa, el Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, en el que participan diversos miembros de la familia Jenkins de Landa y quienes también están en el Patronato de la Udlap, exhortaron a las autoridades de Puebla a acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades y reiteró que hay una campaña de desprestigio en su contra, que ha derivado en acciones contrarias a la ley como los hechos ocurridos este martes.

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