Puebla, Pue- A casi ocho años de la desaparición de Nadia Guadalupe Morales Rosales, registrada en octubre de 2017 cuando tenía 17 años, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Puebla resolverá el amparo directo 142/2025 vinculado con el caso. Ante esta resolución pendiente, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla solicitó al Poder Judicial de la Federación asegurar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para la familia.
Una desaparición que marcó a su familia
La joven desapareció después de abordar transporte público para dirigirse a su escuela. Desde ese momento, su familia inició una búsqueda constante para conocer su paradero y exigir que las autoridades investigaran el caso.
Durante los años posteriores, el proceso legal enfrentó diversos obstáculos. No obstante, los familiares continuaron impulsando recursos jurídicos con el objetivo de que se investigara el delito con perspectiva de derechos humanos.
Además, el caso ha sido acompañado por especialistas y organizaciones que buscan visibilizar las desapariciones que afectan a adolescentes en el país.
La resolución de apelación en 2025
En 2025, tras años de litigio, una apelación presentada por la familia logró que un tribunal estableciera la responsabilidad penal por desaparición cometida por particulares.
Con esta decisión, la autoridad judicial revirtió una sentencia de primera instancia que anteriormente había absuelto al acusado. De esta forma, el proceso judicial dio un giro importante que permitió continuar con la búsqueda de justicia.
Asimismo, el fallo se basó en distintos elementos probatorios que ayudaron a reconstruir los hechos.
Llamado a considerar el contexto de desapariciones
La Clínica Jurídica Minerva Calderón pidió a las magistradas y magistrados analizar el amparo tomando en cuenta el contexto de desapariciones en México y las dificultades que existen para probar estos delitos.
Según explicó la institución, la apelación se resolvió mediante pruebas circunstanciales, peritajes en antropología social y psicosocial, así como análisis de contexto que permitieron identificar patrones relevantes.
Finalmente, la clínica recordó que las autoridades deben investigar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género e interseccionalidad. Además, subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar reparación integral para las víctimas indirectas.
*ARD
