Política

Puebla, Pue. La diputada local Grace Palomares Ramírez se prepara para comparecer este viernes 4 de septiembre ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, dentro del procedimiento que determinará si permanece o no como militante del partido.

La legisladora confirmó que llevará su defensa jurídica de manera independiente a Nayeli Salvatori, pese a que ambas están involucradas en el mismo procedimiento iniciado por Morena tras las expresiones realizadas en el podcast “Descasadas”.

La audiencia está programada para las 8:00 horas y se realizará de manera virtual, en una etapa en la que serán admitidas pruebas y presentados los alegatos de las involucradas.

Grace Palomares llevará por separado su defensa

Palomares Ramírez reconoció que prefiere atender personalmente su procedimiento jurídico y mantener una estrategia separada de la que siga Nayeli Salvatori.

Aunque ambas forman parte del expediente abierto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, cada una llevará de manera independiente su defensa ante el órgano partidista.

“Estaremos esperando a cómo se maneja el procedimiento, lo seguiré haciendo en la legalidad creo que el partido lo está haciendo, bueno en mi caso personal, a pesar de que estamos en este combo las dos, vamos de manera separada jurídicamente llevando nuestro procedimiento”, dijo Grace Palomares.

La diputada señaló que, hasta ahora, considera que el proceso se ha desarrollado dentro de la legalidad.

CNHJ entra a etapa de pruebas y alegatos

El procedimiento se encuentra en la fase de admisión de pruebas y audiencia de alegatos, por lo que Grace Palomares aseguró estar preparada para presentar el material con el que sostendrá su defensa.

La legisladora reconoció que Morena le impide profundizar públicamente sobre algunos aspectos del expediente, pero manifestó su confianza en que el caso sea conducido de manera transparente.

También advirtió que, si detecta alguna irregularidad durante el proceso, recurrirá a las vías necesarias para defender sus derechos partidistas.

Morena abrió expediente el 6 de agosto

El procedimiento contra Grace Palomares y Nayeli Salvatori fue abierto el pasado 6 de agosto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

El caso quedó registrado bajo el expediente CNHJ-PUE-552/2026 y deriva de expresiones realizadas por ambas legisladoras en el podcast “Descasadas”.

De acuerdo con la información proporcionada, el procedimiento se inició por señalamientos relacionados con expresiones consideradas discriminatorias hacia hombres mayores de 45 años.

Suspendieron temporalmente sus derechos partidistas

Como parte del procedimiento, Morena impuso medidas cautelares el 7 de agosto, un día después de la apertura del expediente.

Estas medidas incluyeron la suspensión temporal de sus derechos partidistas, por lo que quedaron impedidas para participar en órganos y procesos internos del partido mientras continúa el caso.

La resolución definitiva todavía está pendiente y dependerá del desarrollo del procedimiento ante la CNHJ.

Audiencia marcará nueva etapa del caso

La comparecencia del 4 de septiembre permitirá a Grace Palomares presentar pruebas y alegatos dentro de su defensa.

La diputada reiteró que continuará el procedimiento dentro de los cauces legales y partidistas, pero dejó abierta la posibilidad de actuar si considera que sus derechos son vulnerados.

Por ahora, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá continuar con el análisis del expediente y posteriormente determinar la resolución sobre la permanencia de la legisladora dentro de Morena.

*BC

Puebla, Pue. Morena dio un nuevo paso rumbo a las elecciones de 2027 con la aprobación de la convocatoria para seleccionar coordinaciones federales, aunque los aspirantes todavía deberán esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional publique las fechas de registro, requisitos y reglas definitivas del proceso.

La convocatoria fue aprobada el 31 de agosto por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pero hasta el momento no han sido difundidas las bases que permitirán conocer quiénes podrán participar y qué documentación deberán presentar.

Será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) el encargado de publicar el comunicado oficial con las condiciones del proceso interno.

Coordinaciones serán antesala de candidaturas para 2027

La selección de las coordinaciones federales será un paso previo para los perfiles que eventualmente busquen convertirse en “candidatos” a las diputaciones federales durante los comicios de 2027.

Por ahora no existen fechas oficiales de registro ni una lista formal de aspirantes derivada de esta convocatoria.

La publicación pendiente deberá precisar los requisitos, plazos y mecanismos de selección que aplicará Morena para quienes pretendan competir por alguna coordinación federal.

Puebla tendrá 16 distritos federales en las elecciones de 2027

La nueva distritación federal de Puebla contempla 16 distritos electorales, distribución que estuvo vigente en 2024 y se mantendrá para los procesos de 2027 y 2030.

Actualmente, los partidos que siglaron a los legisladores federales en funciones se distribuyen de la siguiente manera: Morena tiene 11 perfiles, el Partido del Trabajo (PT) cuenta con dos y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con tres.

Estos son los actuales diputados federales de Puebla

Morena deberá publicar reglas y fechas de registro

La definición de las coordinaciones comenzará formalmente cuando el CEN de Morena publique las bases avaladas por la Comisión Nacional de Elecciones.

Hasta entonces se conocerán las fechas exactas para presentar solicitudes, los requisitos que tendrán que cumplir los interesados y las condiciones bajo las que se realizará la selección.

El proceso comenzará a perfilar la competencia interna por los 16 distritos federales de Puebla, donde actualmente Morena y sus aliados PT y PVEM concentran las diputaciones en funciones.

*BC

Puebla, Pue.- El coordinador general de delegados del Comité Directivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Salazar Vicentello, afirmó que la camioneta blanca de lujo que utiliza pertenece al partido y le fue asignada para cumplir actividades políticas y recorridos territoriales.

La aclaración surgió ante los cuestionamientos por el uso del vehículo y por el hecho de que éste no aparece dentro de su declaración patrimonial. Salazar explicó que actualmente no es propietario de ningún automóvil y sostuvo que esa es la razón por la que no existe una unidad registrada a su nombre.

Morena le asignó la camioneta para trabajo territorial

De acuerdo con la explicación del morenista, el vehículo fue puesto a su disposición para atender las tareas relacionadas con su responsabilidad dentro del partido.

Entre estas actividades mencionó los recorridos territoriales y la asistencia a asambleas de Morena, como parte del trabajo político que desarrolla en Puebla.

Salazar Vicentello reconoció así que utiliza una camioneta de alta gama, pero rechazó que exista alguna irregularidad al insistir en que la unidad es propiedad del partido y únicamente se encuentra asignada para el desempeño de sus funciones.

Asegura no tener vehículos dentro de su patrimonio

El integrante de Morena señaló que actualmente no cuenta con automóvil propio, por lo que defendió que su declaración patrimonial corresponde con los bienes que posee.

En el comunicado difundido para aclarar la situación, sostuvo que la información relacionada con su patrimonio puede ser revisada por las instancias correspondientes.

También cuestionó los señalamientos surgidos alrededor del vehículo y consideró que cualquier conclusión debe sustentarse en documentos y hechos verificables.

Pablo Salazar rechaza señalamientos por la unidad

La controversia se centra en el uso de una camioneta que no aparece registrada como parte del patrimonio del dirigente morenista.

Frente a ello, Salazar argumentó que la ausencia del vehículo en su declaración obedece a que no es de su propiedad, sino un recurso de Morena utilizado para actividades partidistas.

El coordinador general de delegados defendió su actuación y sostuvo que la revisión de su situación patrimonial permitirá comprobar la información que hizo pública.

*ARD

Puebla, Pue. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca reforzar la revisión de sus aspirantes rumbo a las elecciones de 2027 y contempla incorporar exámenes antidoping antes de entregar candidaturas, informó su dirigente estatal y diputado local, Jaime Natale Uranga.

El líder partidista respaldó que las pruebas toxicológicas formen parte de los filtros internos, al considerar que cumplir únicamente con los requisitos establecidos por las autoridades electorales no permite conocer suficientemente a quienes pretenden ocupar un cargo público.

“Antes que nada, bienvenido siempre el antidoping”, expresó Natale al hablar sobre la posibilidad de incluir esta medida en el proceso de selección.

Verde ampliaría filtros hasta las planillas de regidores

La revisión no estaría dirigida únicamente a quienes busquen competir por una presidencia municipal o una diputación.

De concretarse el mecanismo, también abarcaría a los integrantes de las planillas de regidores, con lo que el PVEM ampliaría el número de perfiles sujetos a controles antes de definir las candidaturas para 2027.

Natale señaló que el partido pretende contar con más información sobre cada aspirante antes de autorizar su postulación.

Antidoping se sumaría a antecedentes no penales

El dirigente recordó que el Verde ya aplica filtros adicionales a los requerimientos electorales.

Desde 2021, cuando asumió la dirigencia estatal, comenzó a solicitar cartas de antecedentes no penales a quienes buscan convertirse en candidatos del partido.

Sin embargo, reconoció que este documento puede tener limitaciones para conocer completamente los antecedentes de un aspirante.

Por ello, planteó complementar esa revisión con exámenes antidoping y consultas ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

PVEM asegura que ya consultó perfiles ante la FGE

Natale afirmó que durante el proceso electoral de 2024 el PVEM sostuvo reuniones de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de la revisión de sus aspirantes.

De acuerdo con el dirigente, el partido entregó los nombres de quienes buscaban candidaturas a presidencias municipales, diputaciones locales y diputaciones federales para conocer si existía información relacionada con ellos.

El objetivo, señaló, fue contar con más elementos antes de tomar una decisión interna sobre cada postulación.

Natale: perfiles mencionados en carpetas no serán candidatos

El dirigente estatal sostuvo que la revisión ante las autoridades de procuración de justicia será uno de los criterios para definir quién puede representar al Verde.

“Si alguno tiene alguna carpeta de investigación o está mencionado en alguna carpeta de investigación, no va a ser candidato del Partido Verde”, afirmó.

La declaración forma parte de la postura planteada por Natale para endurecer los controles partidistas rumbo al próximo proceso electoral.

PVEM perfila controles más estrictos rumbo a 2027

Con este esquema, el Verde pretende revisar a sus aspirantes más allá del cumplimiento formal de los requisitos electorales.

Los antecedentes no penales, la posible aplicación de pruebas antidoping y las consultas de información ante autoridades de procuración de justicia formarían parte de los mecanismos considerados antes de definir candidaturas.

El planteamiento alcanzaría desde aspirantes a alcaldías y diputaciones hasta quienes busquen formar parte de planillas de regidores en las elecciones de 2027.

*BC

Puebla, Pue. La Comisión de Turismo del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico para que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, y de manera específica en el municipio de Zoquiapan, fortalezcan las acciones de promoción turística, así como de difusión de la riqueza natural, la biodiversidad y las tradiciones, e impulsen esquemas de turismo inclusivo en beneficio de las personas con discapacidad, a fin de incrementar la atracción de visitantes nacionales e internacionales.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con la propuesta legislativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora.

Asimismo, se aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico, a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que, de manera coordinada, implementen campañas permanentes de capacitación dirigidas a los prestadores de servicios turísticos sobre mecanismos de control y seguridad para las y los visitantes y los atractivos turísticos, así como protocolos de atención ante situaciones de riesgo, emergencias y evacuación. De igual forma, se plantea fortalecer la señalización y las medidas de advertencia en estos espacios.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado con el exhorto presentado por la diputada Kathya Sánchez Rodríguez.

Durante el análisis de este punto, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo, señaló que, si bien el artículo 115 de la Constitución establece que los municipios tienen responsabilidades en materia de la gestión integral de riesgos, es fundamental que cuenten con capacitación y coordinación con las autoridades estatales para responder oportunamente ante cualquier situación de riesgo en zonas turísticas.

En su intervención, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez propuso incorporar al proyecto de dictamen la actualización permanente de la ubicación de los sitios con atractivos turísticos, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y reducir riesgos ante posibles desastres. Propuesta que fue avalada por las y los integrantes de la Comisión.

Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta resaltó la importancia de contar con guías turísticos certificados, particularmente en rutas que representen algún nivel de riesgo; no obstante, consideró necesario tomar en cuenta las condiciones económicas para cubrir los costos de capacitación.

La diputada Floricel González Méndez destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las autoridades y reforzar las acciones de capacitación y vigilancia para garantizar condiciones de seguridad para las y los visitantes. A la sesión de la Comisión también acudió el diputado Roberto Zataráin Leal.

Puebla, Pue. La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, que preside el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres a que, de manera coordinada con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales de la entidad, refuercen las acciones de concientización, prevención y atención de la quema irregular de pastizales.

El propósito es prevenir incendios y otros siniestros que pongan en peligro el medio ambiente, la producción agrícola, la seguridad y el patrimonio.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue formulado con la propuesta legislativa presentada por el diputado José Luis Figueroa Cortés.

Asimismo, las y los integrantes de la Comisión avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres a que implemente campañas de concientización orientadas a la prevención de incendios en casas habitación y dé a conocer medidas de prevención y manejo de sustancias inflamables.

En la formulación del proyecto de acuerdo se tomó en cuenta el punto de acuerdo presentado por la diputada Guadalupe Yamak Taja.

De igual manera, la Comisión de Protección Civil aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales a que consideren incorporar, durante los procesos de actualización de sus Atlas Municipales de riesgos, acciones preventivas, mecanismos de monitoreo y seguimiento científico, así como medidas de mitigación de riesgos asociadas al fenómeno climático interanual conocido como El Niño, con el propósito de fortalecer la prevención y reducir los efectos adversos que este llegue a provocar.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con base en la propuesta legislativa presentada por el diputado Julio Miguel Huerta Gómez.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas y los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez, Guadalupe Yamak Taja, Nayeli Salvatori Bojalil, Ana Laura Gómez Ramírez, Celia Bonaga Ruíz y Elpidio Díaz Escobar.

Puebla, Pue. La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, rechazó los señalamientos de nepotismo por haber colocado a su madre, María Isabel Bárcenas Soriano, como su suplente en la fórmula electoral, y sostuvo que fue la ciudadanía la que decidió con su voto quién ocuparía esa posición.

El posicionamiento de Bárcenas se da luego de la posibilidad de que su madre pueda asumir la presidencia municipal en caso de que prospere el procedimiento de revocación de mandato que enfrenta ante el Congreso local.

“No se considera nepotismo porque el suplente es elegido por el voto de la gente y no por el dedo del presidente municipal”, sostuvo Bárcenas, al defender la legalidad de que su madre forme parte de la fórmula que llegó al Ayuntamiento.

Bárcenas sostiene que existe una diferencia entre una persona que recibe un nombramiento directamente desde una administración pública y quien llega a un cargo mediante una elección.

En ese sentido, argumentó que la suplencia forma parte de una fórmula electoral y que los ciudadanos tuvieron la posibilidad de votar por los nombres que aparecían en la boleta.

Bajo esta lógica, la presidenta municipal aseguró que no utilizó las facultades del Ayuntamiento para designar a su madre en un puesto público.

“El alcalde no contrató ni designó a su papá, mamá o familiar en un puesto de la alcaldía; fue la propia ciudadanía quien votó por ambos en la boleta electoral”, señaló.

Desde el 2025 dentro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del que forma parte Bárcenas, se prohibió que familiares cercanos se sucedieran inmediatamente en determinados cargos de elección popular.

Puebla, Pue. Familiares de personas desaparecidas exigieron que las investigaciones sean realizadas con diligencia, empatía y efectividad, y que no se permita que las carpetas de investigación queden detenidas durante meses o años sin avances sustanciales.

Este domingo las familias salieron a marchar del Paseo Bravo hasta el zócalo de Puebla para recordar a quienes siguen ausentes y reclamar a las autoridades avances reales en las investigaciones y acciones efectivas para localizarlos.

Cada familia llevaba fotografías de sus seres queridos, fichas de búsqueda y consignas de exigencia.

También pidieron que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y que cada dato aportado por los familiares sea tomado en cuenta para intentar establecer el paradero de las personas desaparecidas.

El reclamo incluye además una exigencia de atención digna para las familias, quienes buscan a un ser querido, señalaron, no deberían enfrentar indiferencia institucional ni tener que convertirse ellos mismos en investigadores para conseguir avances en sus casos.

Las familias rechazaron lo que consideran prácticas de revictimización, particularmente cuando las investigaciones se enfocan en cuestionar la conducta o las decisiones de las personas desaparecidas en lugar de concentrarse en establecer qué ocurrió y dónde se encuentran.

Ante la falta de respuestas que aseguran enfrentar en algunos casos, los colectivos han asumido un papel activo en la búsqueda de sus familiares.

Las familias también participan en labores de búsqueda en campo, recorren distintas zonas y mantienen la difusión de fichas y fotografías en espacios públicos y redes sociales.

Voz de los Desaparecidos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes de colectivos marcharon desde el Paseo Bravo hasta el zócalo de Puebla para exigir verdad, justicia y acciones reales de búsqueda. 

Durante el recorrido hicieron visibles los rostros de sus familiares, personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La movilización fue encabezada por María Luisa Núñez, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quien recordó que hace casi ocho años las familias comenzaron a organizarse ante la falta de respuestas institucionales.

“Hoy 30 de agosto, en Puebla y en todo nuestro país, las calles resuenan con el grito por verdad y justicia de los desaparecidos en México”, afirmó.

Núñez sostuvo que alrededor de 3 mil personas permanecen desaparecidas en Puebla, cifra que, advirtió, continúa creciendo con los nuevos casos. 

Reprochó que, pese a los años de lucha, el fenómeno no ha disminuido y tampoco existen búsquedas suficientes para responder a las familias.

“Hace ocho años estábamos solos. El fenómeno de la desaparición no ha mejorado, no ha habido prevención, no han disminuido las desapariciones”, denunció.

La activista señaló que el Colectivo continúa recibiendo a nuevas familias que llegan desesperadas para encontrar a sus seres queridos, iniciando un proceso marcado por el dolor, el desgaste y la incertidumbre.

“Se hace todo lo posible”

El miércoles pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 10 acciones del gobierno de México con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas para mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas, y reforzar la atención y coordinación con las familias y las entidades.

Durante la presentación del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la titular de dicha dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se hace todo lo que está al alcance del gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Agradecer a familias y colectivos el tiempo que dedican a la búsqueda de sus seres queridos, el diálogo permanente con ellos es una responsabilidad para nosotros”, comentó al destacar la instalación de políticas públicas destinadas a la localización de personas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, comentó que esta estrategia contempla: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones. También:

Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación

Dar a conocer los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)

Informar los avances de la ANBI

Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas

Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para abatir el rezago forense

Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales

Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado

Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos

Llevar la estrategia al territorio por medio de jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas

Sobre la integración del grupo de expertos nacionales y extranjeros, Medina explicó que el perfil consiste en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, entre otras actividades, con el objeto de contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

A partir de julio de 2025, se reportó que se han detectado 40 mil 628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentan trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte. De este número, 6 mil 939 ya cuentan con reporte de localización.

En los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional, se ha localizado en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte. Mientras que a través de las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda se han hecho mil 75 localizaciones con vida; 86% fueron ausencias voluntarias no vinculadas a algún delito.

“Nuestra responsabilidad es buscar con seriedad y sin descanso, y contribuir a que las investigaciones avancen con verdad y justicia (...) Que no quepa duda que se está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos. Su dolor no es indiferente para la Secretaría de Gobernación, por eso hemos transformado la forma de hacer las cosas para responder de manera eficaz y humana a esta sentida demanda".

“Tenemos claro que aún nos queda mucho por hacer en este tema, pero no hemos claudicado en nuestra obligación, por el contrario, seguimos en la búsqueda de quienes están ausentes en sus hogares”, declaró la titular de la Segob.

Con información de Alma Méndez / Aure Navarro

Puebla, Pue. Las conductas consideradas discriminatorias, como las expresadas por las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, como Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori, pueden alcanzar penas de hasta tres años de prisión, además de multas económicas.

De acuerdo con el artículo 357 del Código Penal, disposición que contempla sanciones para quienes vulneren derechos, igualdad o dignidad humana por motivos como edad, género, origen, condición social, discapacidad, orientación sexual, religión, ideología política, apariencia u opiniones, entre otros.

El artículo establece una pena general de uno a tres años de prisión, además de una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a un rango de 11 mil 731 a 58 mil 655 pesos, para quien incurra en alguna de las conductas previstas por la legislación.

Entre las acciones que pueden ser sancionadas se encuentran provocar o incitar al odio o la violencia; negar a una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho; vejar o excluir a personas o grupos, así como negar o restringir derechos laborales.

La legislación contempla además agravantes cuando el responsable es un servidor público. En estos casos, si la conducta consiste en negar, retardar o condicionar la prestación de un trámite o servicio, la pena de prisión puede incrementarse en una mitad.

Además de la sanción económica y penal, el funcionario puede enfrentar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo equivalente al tiempo de la pena de prisión.

Existe una sanción todavía mayor para determinados casos ocurridos durante una emergencia sanitaria. Cuando la conducta discriminatoria se comete contra personal médico, de enfermería o profesionales y auxiliares de la salud, ya sea del sector público o privado, la pena puede elevarse a entre tres y seis años de prisión, siempre que se cumplan los supuestos establecidos por la ley.

Denuncias contra diputadas

La existencia de estas sanciones cobra relevancia en el contexto de las denuncias presentadas contra las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, señaladas por presuntas expresiones discriminatorias contra personas mayores de 45 años.

No obstante, la sola presentación de una denuncia no significa que las legisladoras sean responsables de un delito ni que necesariamente enfrentarán una pena de prisión.

Corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para iniciar o continuar una investigación y, en su caso, serán las autoridades judiciales las que determinen si los hechos encuadran en alguno de los supuestos previstos por el Código Penal.

Aunque el marco legal contempla hasta tres años de prisión como pena general por determinadas conductas discriminatorias, cualquier eventual responsabilidad penal dependerá de la investigación, de la acreditación de los hechos y de la determinación de las autoridades competentes.

Puebla, Pue. Blanca Yassahara Cruz García, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que será eliminada una de las variables contempladas en el monitoreo de medios durante las precampañas y campañas electorales, luego de una determinación de la Sala Superior.

Cruz García explicó que el monitoreo y los procedimientos a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral son mecanismos distintos. 

Señaló que, en el caso del monitoreo, la autoridad electoral recibe los resultados con fines informativos, a partir de variables previamente establecidas para determinar qué aspectos deben ser observados.

La expresidenta del IEE Puebla rechazó que la medida represente un intento de censura, al señalar que las variables de monitoreo no impiden que una persona se exprese ni prohíben que determinados contenidos sean difundidos.

“La libertad de expresión es algo que debe permanecer porque es también uno de los pilares de vivir en democracia”, sostuvo.

Refirió que este ejercicio revisa cómo se cubren las campañas y garantiza que exista una cobertura equitativa para las distintas candidaturas, sin favorecer o perjudicar a alguna de ellas.

Antes de cada proceso electoral, el Consejo General del INE debe aprobar una metodología en la que se establecen las variables que serán tomadas en cuenta para realizar el monitoreo.

El objetivo es la equidad

Por lo que una de las variables que generó cuestionamientos, relacionada con elementos subjetivos que pudieran identificarse en la información difundida por los medios, como la ironía o el sarcasmo, pero esta variable ya fue eliminada.

La consejera nacional señaló que la metodología fue elaborada con apoyo del área técnica del INE y establece qué se va a revisar, qué medios serán considerados y durante qué etapas se realizará el seguimiento.

Explicó que el objetivo de establecer variables específicas es contribuir a condiciones de equidad durante los procesos electorales. En este sentido, consideró que la intervención de la Sala Superior demuestra que existen mecanismos institucionales para revisar e interpretar las normas electorales cuando alguna disposición puede representar un riesgo.

Cruz García detalló que, de acuerdo con la resolución, para que una conducta pueda ser objeto de una eventual sanción debe existir claridad sobre aquello que podría constituir una infracción. Por ello, la variable cuestionada será retirada del monitoreo y dejará de generar resultados dentro de esta clasificación.

Respecto al plazo para concretar la modificación, indicó que el acatamiento de la sentencia deberá realizarse en los próximos días. 

Explicó que, una vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) reciba formalmente la notificación, se determinará el plazo correspondiente para atender la resolución y posteriormente se realizarán las modificaciones necesarias para su aprobación.