Puebla, Pue. El activista político Manuel Valencia Martínez exhortó al diputado local Jaime Aurioles a enfrentar de manera directa cualquier proceso legal que pudiera existir en su contra, sin recurrir al respaldo político de Morena como mecanismo de defensa.
A través de un posicionamiento público, Valencia Martínez sostuvo que los asuntos de carácter jurídico deben resolverse exclusivamente en las instancias correspondientes y conforme al marco legal vigente, por lo que consideró que los servidores públicos están obligados a responder personalmente por sus actos y decisiones.
“Quien tenga algún señalamiento o procedimiento legal pendiente debe acudir ante las autoridades competentes y presentar los argumentos que considere necesarios para su defensa, sin involucrar a instituciones partidistas”, expresó.
El activista señaló que Morena no debe ser utilizado como escudo político para enfrentar controversias legales, ya que ello desvía la atención de los procesos que deben desarrollarse en los tribunales y ante las autoridades facultadas para impartir justicia.
Asimismo, afirmó que la ciudadanía demanda mayor transparencia, rendición de cuentas y apego al Estado de Derecho por parte de quienes ocupan cargos de representación popular, por lo que insistió en que los actores políticos deben conducirse con responsabilidad y respeto a las instituciones.
Política y proceso legal
Valencia Martínez consideró que la vida interna de los partidos políticos no debe mezclarse con asuntos de carácter judicial, pues cada proceso debe seguir su curso de manera independiente y sin presiones externas.
El posicionamiento surge como respuesta a las recientes declaraciones realizadas por el legislador Jaime Aurioles, las cuales han generado diversas reacciones dentro del ámbito político poblano y alimentado el debate público sobre los señalamientos y controversias que lo involucran.
Manuel Valencia Martínez reiteró que corresponde únicamente a las autoridades judiciales determinar la existencia o no de responsabilidades, por lo que llamó a respetar las resoluciones institucionales y permitir que cualquier procedimiento legal se desarrolle con plena autonomía y sin utilizar argumentos partidistas para influir en la opinión pública.
