Revés de indígenas a industria minera

Tras más de una década de litigio, el pueblo Macehual consiguió defender y liberar a sus tierras de la amenaza de la millonaria industria minera, que sólo busca utilidades

El Poder Judicial de la federación dio por cumplida la sentencia de amparo que cancela definitivamente las concesiones “Atexcaco I”, “Atexcaco II” del grupo Ferrominero y “Macuilquila” de Minas Santa Martha S.A. de C.V, ubicadas en las comunidades macehuales de Tlatlauquitepec, Yahonáhuac y Cuetzalan del Progreso en territorio poblano.

Francisco Xavier Martínez, abogado de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), organización que acompañó y representó legalmente a las comunidades informó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desestimó en definitiva un recurso de las empresas mineras que buscaban echar abajo un proceso de consulta para consentimiento diseñado y construido colaborativamente entre el Consejo Macehual Altepetajpianij, la secretaría de Economía federal y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Está firme el proceso que culminó con la cancelación judicial de los títulos de concesión y que implicó que la secretaría de Economía emita un pronunciamiento sobre la improcedencia de los tres proyectos extractivos, su cancelación en el Registro Público de Minería, y la actualización de la cartografía de la región.

Para cumplir con las sentencias ganadas por los macehuales en 2018 y 2022 hubo que trabajar con un enfoque pluricultural y colaborar con las autoridades involucradas para diseñar un proceso de consulta para consentimiento, que implicó el reconocimiento de sus autoridades, asamblea y Consejo Altepetajpinij, y sus usos y costumbres para reparar los derechos violados.

En el juicio de garantías también se reconoció que cuando hay cruce de proyectos mineros con los derechos de pueblos originarios, es claro que los proyectos de vida de los pueblos son relegados sin justificación.

La minería hace que los pueblos tengan que vivir con una carga excesiva y en una permanente expectativa, lo que genera angustia, por lo que se deben atender las garantías que le consagran los artículos 2 y 27 constitucionales y 13 y 15 del 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de casi 11 años de litigio, el pueblo macehual de la Sierra Norte poblana logró la cancelación definitiva de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, otorgadas a Minera Autlán y sus subsidiarias.

La resolución judicial reconoció el derecho de estas comunidades indígenas a decidir sobre su territorio, cerrando así un proceso legal iniciado hace once años.

El fallo ratificó la legitimidad de las consultas comunitarias, realizadas conforme a la cosmovisión y organización del pueblo macehual, y validó el concepto ancestral de “altepet”, que une agua, cerro y comunidad, elementos centrales para la defensa territorial y cultural.

Con esta sentencia, se preservaron zonas consideradas sagradas, como manantiales y cerros, al evitar la explotación minera a cielo abierto que amenazaba el equilibrio ambiental y espiritual de la región.

El pueblo macehual asentado en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso y Yahonáhuac enfrentó por más de una década la amenaza de la minería a cielo abierto.

Las concesiones otorgadas por el gobierno federal cubrían más de 7 mil hectáreas de territorio indígena y buscaban extraer oro, plata y cobre, lo que ponía en riesgo los ecosistemas, el agua y la organización comunitaria ancestral.

En 2018, las comunidades obtuvieron un amparo judicial que invalidaba las concesiones por no respetar el derecho a la consulta indígena, amparo que fue ratificado en 2022 y finalmente confirmado en 2024 tras varios intentos de impugnación por parte de las empresas.

En ese periodo, las asambleas comunitarias fortalecieron su estructura organizativa y desarrollaron estrategias jurídicas y políticas para defender su territorio, apoyadas por organizaciones civiles y especialistas en derechos colectivos.

El conflicto no solo tuvo un trasfondo cultural, sino también ambiental y sanitario. Estudios realizados en regiones donde opera Minera Autlán, especialmente en la Sierra de Hidalgo, confirmaron graves consecuencias para la salud de las poblaciones cercanas.

“El Instituto Nacional de Salud Pública detectó que el 60 por ciento de adultos presentaban síntomas similares al Parkinson, y que en niños la exposición al manganeso redujo hasta 20 por ciento su capacidad intelectual”, confirmó la investigación.

Los niveles elevados de manganeso en sangre y cabello estuvieron relacionados con daños neurológicos, pérdida de memoria y problemas cognitivos. Las comunidades reportaron enfermedades como dermatitis, conjuntivitis, infecciones y malestares gastrointestinales que se atribuyen al agua y aire contaminados por desechos mineros.

Con relación al estado de Puebla, refleja un patrón de impactos ambientales que Minera Autlán ha provocado en otras regiones, donde la minería a cielo abierto genera daños estructurales, contaminación del agua y graves afectaciones a la salud pública.

El de los macehuales es un extraordinario logro judicial de los pueblos originarios ante la indiscriminada entrega de concesiones a mineras mexicanas y extrajeras que generan más daños que los millones de dólares que puedan invertir y que ellos recuperan con creces.

De las anécdotas que se cuentan

Ayer, motociclistas, repartidores de APPS y mensajeros, se manifestaron contra la Ley Casco que aprobó en junio el Congreso y piden que se haga una reforma para eliminar el uso obligatorio de chaleco para todos, y que no solo aplique a un cierto grupo.

Consideran a las reformas como injustas porque criminalizan a quienes usan una motocicleta como herramienta de trabajo, obligándolos a usar un chaleco que consideran disfuncional.

“La mochila de repartidores se trae fija, en la mochila verde ¿a qué distancia queda el chaleco, a un metro o dos metros? Digan que se ve el chaleco, están siendo vulnerables contra los usuarios, póngaselo a todos, o somos todos o no somos ninguno”, señalaron.

Están en contra de usar casco obligatorio con código alfanumérico personal, porque limita la libertad de elección y expone información personal; eliminación de permisos provisionales, que afecta a quienes recién adquieren moto; uso de chalecos reflejantes para repartidores, lo que abre paso a más extorsiones y detenciones arbitrarias; y prohibición de quitarse el casco, aunque ya se haya descendido de la moto.
¿Qué está pasando?

El Congreso poblano legisla, pero la sociedad rechaza lo que ya es ley.

Es pregunta promulgada.

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*ARD