Nueva relación con TV, radio e internet

La madrugada de ayer domingo, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que remitió el proyecto a la Cámara de Diputados.

En ordenamiento fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, con lo que se garantiza el acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos.

Entre discusiones, señalamientos entre senadores y gritos desde la tribuna, se aprobó la reforma que representa un avance en la regulación del sector, mientras que, para otros, abre la puerta a una posible censura disfrazada.

Se crea un organismo colegiado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá independencia técnica, pero no autonomía plena, ya que dependerá de la Agencia de Transformación Digital.

Esta nueva figura será la encargada de manejar temas clave como: concesiones de espectro, regulación de radio, televisión e internet.

Se eliminó del dictamen la posibilidad de interpretar censura previa, incluyendo cualquier intento de bloquear plataformas digitales sin orden judicial, pero la comisión podrá ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones, Además, ya no será obligatorio un padrón de usuarios de telefonía; ahora, quien compre un chip solo deberá identificarse con el proveedor, no con el gobierno.

Los medios comunitarios, indígenas y sin fines de lucro también salen beneficiados, ya que podrán acceder hasta al 3 por ciento de tiempo de transmisión para publicidad local y recibir apoyo de entes públicos, quienes podrán destinar entre el 1 y el 10 por ciento de su presupuesto en comunicación. La radiodifusión pública recupera su independencia editorial.

PRI y PAN votaron en contra, señalaron que la Ley de Telecomunicaciones mantiene mecanismos que podrían acallar voces críticas, al permitir la suspensión de transmisiones sin orden judicial bajo el pretexto de proteger el interés público. Los opositores calificaron esta reforma como el “Big Brother del bienestar”, asegurando que se da carta blanca al gobierno para intervenir cuando quiera.

La Ley de Telecomunicaciones avanza con ajustes, pero no evita las dudas sobre su impacto en la libertad de expresión y la independencia de los reguladores.

El Senado aprobó el dictamen con 77 votos a favor y 30 en contra; en lo particular, la asamblea aceptó una reserva que presentó el senador Javier Corral Jurado, para establecer en la fracción LIII del artículo 10 que para el ejercicio de sus atribuciones corresponde a la comisión ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley, en las materias que se refieren las fracciones LI y LII de este artículo, previo apercibimiento.

Senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC inscribieron reservas para modificar diversos artículos, pero no fueron aceptadas por el Pleno, por lo que se avalaron en sus términos con 71 votos a favor y 29 en contra.

Con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se modifican las relaciones de las industrias de radio, televisión y los portales que aparecen en Interne, los cuales antes no estaban considerados. El estado tendrá mayor injerencia en lo que producen y trasmiten e incluso sin orden judicial se puede suspender la trasmisión.

El tema es polémico y ahora en la Cámara de Diputados continuará la discusión, aunque el gobierno tiene el sartén por el mango y saldrá adelante a más tardar el 2 de julio la nueva Ley de Telecomunicaciones, que sin duda se aplicará a pesar de las críticas de la oposición y de la ciudadanía.

De las anécdotas que se cuentan
 

José Manuel Martínez Gómez, también conocido como “El Meño”, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión en Estados Unidos luego de que fue hallado culpable de operar una red de lavado de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según documentos judiciales, el sospechoso se desempeñó como intermediario financiero en una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear dinero para ellos en México.

Martínez negoció personalmente contratos para blanquear aproximadamente 5.5 millones de dólares y utilizó una red de cómplices para repartir las ganancias del narcotráfico por todo Estados Unidos. Posteriormente, Martínez dirigió la transferencia de los fondos a México mediante criptomonedas y se quedó con un porcentaje como comisión.

En Puebla, se lavaba dinero con criptomonedas, concretamente en el municipio de Juan Galindo o Nuevo Necaxa, donde un líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, ahora diputado local de Morena, robaba luz para que operaran desde ahí especialistas encargados de recibir ganancias y realizar inversiones en criptomonedas. Todo en el mismo zócalo de la población serrana.

No le extrañe que pronto se encuentre la vinculación poblana con El Meño.  

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*ARD