Ejecutan a excomandante vinculado al CJNG en Texmelucan

La ciberdelincuencia no tiene freno y peor cuando se trata de liquidar a los enemigos.

Marco Antonio N., ex comandante de la Policía Ministerial y abogado de Mario Alberto N., "La Marrana", fue asesinado a balazos mientras circulaba en su vehículo en San Martín Texmelucan. El ataque ocurrió la madrugada del viernes en la colonia Centro y dejó a su esposa, María Isabel N., herida, así como a otra mujer de 21 años que se encontraba en una panadería cercana.

Los atacantes dispararon contra el vehículo de Marco Antonio N. mientras éste viajaba en compañía de su esposa. Tras recibir múltiples impactos de bala, el abogado perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste, segundos antes de chocar contra una panadería.

El crimen está relacionado con su vínculo profesional con Mario Alberto N. alias “La Marrana”, supuesto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en municipios de Puebla, incluidos Texmelucan, Tlahuapan y San Salvador El Verde.

Al evitar la revisión de sujetos que viajaban en un auto sospechoso, cinco elementos de la Guardia Nacional, algunos de ellos en estado de ebriedad, fueron detenidos por la Policía Municipal al sur de la capital poblana.

Fuentes policiales indicaron que los uniformados realizaban un recorrido y al detenerse por un semáforo en rojo, una patrulla de la Guardia Nacional se les emparejó; atrás del vehículo oficial estaba una Jeep. Al intentar llevar a cabo una revisión preventiva a los tripulantes de la Jeep, la patrulla de la Guardia Nacional les cerró el paso, lo que ocurrió la noche del 26 de junio.

Ante los hechos, los policías municipales detuvieron a los agentes de la Guardia Nacional, quienes estaban a bordo de la patrulla 26795.

Durante el Tercer Foro con Jóvenes “Ciberseguridad en Puebla”, organizado por el Congreso, víctimas de ciberacoso subrayaron la urgencia de legislar para castigar la violencia digital y advirtieron que priorizar el castigo por encima de la prevención puede derivar en la criminalización de expresiones legítimas, como la denuncia ciudadana.

Señalaron que el ciberasedio es un delito que debe sancionarse, y destacaron que en Puebla ya existe un marco legal que castiga el acoso a través de redes sociales. Sin embargo, exigieron revisar la legislación vigente, particularmente el artículo 480 del Código Penal, para incluir protocolos de atención a víctimas, pues “la violencia digital no se vive igual para todas las personas”, precisaron.

Durante el encuentro, se informó que más de 1 millón 40 mil jóvenes utilizan redes sociales en Puebla, sin contar a niños y niñas.

Caminos y Puentes Federales anunció la eliminación del pago en efectivo en las casetas, por lo que pidió a los viajeros adquirir el TAG con anticipación. El TAG es un dispositivo de prepago que se coloca en el parabrisas del vehículo y que da acceso a las casetas a través de un lector automático, sin tener que hacer filas o detenerse en la cabina de cobro.

Este mecanismo se instaló hace varios años en las autopistas que están a cargo de la Capufe, pero sólo había uno o dos carriles donde operaba. Ahora, la mayoría de los carriles tendrán lector de TAG IAVE y no se podrá pagar en efectivo, la medida se aplicará en todas las autopistas del país.

La Suprema Corte de Justicia admitió ayer a trámite la primera impugnación contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta Norma Piña aceptó el juicio de inconformidad promovido por Iván Bravo Olivas, y lo turnó al Ministro Jorge Pardo, quien deberá presentar a la brevedad un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte.

Es la primera vez que la Corte tramita una impugnación contra los resultados de una elección, pues desde 1996, esa función ha estado reservada en exclusiva al propio TEPJF. Se trata de un recurso que presenta peculiaridades, y que difícilmente permitirá a la Corte hacer un pronunciamiento sobre la validez del proceso.

Según el acuerdo de la Corte, Bravo impugna el cómputo de votos para la Sala Superior del TEPJF en un distrito de Durango, y pide anular la elección, pero sólo en dicha entidad.

Las transacciones financieras vinculadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa, del empresario Alfonso Romo, fueron indagadas por las autoridades mexicanas desde el año pasado.

Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el Gobierno de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en Estados Unidos y acusado de narco, transfirió 47 millones de dólares a Vector, propiedad del ex Jefe de la Oficina de la Presidencia en el Gobierno de López Obrador.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó el miércoles a Vector de permitir el lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Además, señaló a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito de grupos del narco.

*ARD