La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, quedó bajo presión este 1 de septiembre después de que se reportó que Estados Unidos retiró su visa, así como las de su esposo y su suegro, mientras autoridades mexicanas mantienen abiertas distintas líneas de investigación.
Las pesquisas abarcan el posible uso de recursos y estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez para fines políticos, operaciones relacionadas con huachicol fiscal y eventuales contactos con personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
La cancelación de las visas y las investigaciones en México son dos frentes distintos. Estados Unidos no ha hecho públicas las razones de la medida migratoria ni existe información que demuestre que fue tomada por las pesquisas que se desarrollan en territorio mexicano.
Tampoco se ha hecho pública una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de Ana Paty Peralta por alguno de esos señalamientos.
EU retira visas de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro
La medida estadounidense alcanzaría a Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, municipio cuya cabecera es Cancún.
También habrían sido canceladas las visas de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Washington no ha revelado públicamente el motivo de las tres cancelaciones.
La legislación estadounidense mantiene bajo confidencialidad buena parte de la información relacionada con solicitudes, rechazos y revocaciones de visas, por lo que las autoridades consulares no necesariamente hacen públicos los fundamentos de cada decisión.
La revocación tampoco equivale por sí misma a una acusación penal o declaración de culpabilidad.
FGR indagaría posible uso político de recursos de Cancún
Uno de los frentes abiertos apunta al Ayuntamiento de Benito Juárez.
Las pesquisas buscan establecer si recursos públicos, personal o estructuras municipales pudieron ser utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La investigación tendría que determinar de dónde salieron esos recursos, quién habría autorizado su utilización, cuál fue su destino y qué funcionarios pudieron intervenir.
El asunto adquiere peso político porque tanto Peralta como Marín han mantenido presencia en el escenario rumbo a la sucesión de Quintana Roo en 2027.
Hasta ahora no existe una determinación judicial que establezca que el municipio desvió recursos ni que alguna de las personas mencionadas haya cometido un delito.
Rafael Marín y la sucesión de Quintana Roo entran al caso
Rafael Marín Mollinedo encabezó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y posteriormente se mantuvo activo dentro de la política de Quintana Roo.
Su nombre ha aparecido entre los perfiles relacionados con la próxima disputa por la gubernatura.
La investigación sobre un posible apoyo desde la estructura municipal buscaría determinar si existió una utilización irregular de recursos públicos para impulsar su proyecto político.
La cercanía del proceso electoral de 2027 convierte esa línea en uno de los componentes más delicados del caso.
No obstante, la existencia de la investigación no acredita que ese financiamiento haya ocurrido.
Huachicol fiscal aparece como segundo frente
Otra vertiente se relaciona con las investigaciones nacionales sobre contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal.
Durante los últimos meses, autoridades federales han seguido distintas operaciones mediante las cuales combustibles habrían ingresado al país bajo esquemas destinados a evadir impuestos o esconder la verdadera naturaleza de las cargas.
Entre esos antecedentes aparece la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
El expediente forma parte de una investigación más amplia sobre redes dedicadas a introducir y distribuir combustibles irregularmente.
Ingemar y 163 ferrotanques aparecen en las pesquisas
Dentro de las investigaciones sobre combustibles también ha aparecido la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
Las pesquisas han documentado operaciones relacionadas con 163 ferrotanques que transportaban más de 18 millones de litros de combustible.
El caso ha servido para reconstruir mecanismos mediante los cuales hidrocarburos habrían ingresado irregularmente al país.
Estos antecedentes forman parte del contexto de las investigaciones sobre huachicol fiscal, pero no demuestran por sí solos una participación de Ana Paty Peralta.
Tampoco implican automáticamente una imputación penal contra Rafael Marín.
El exdirector de Aduanas ha rechazado previamente señalamientos de corrupción y ha sostenido que durante su gestión la propia institución detectó irregularidades y presentó denuncias.
Indagan posibles contactos con personas ligadas al Cártel de Sinaloa
El tercer frente es el más sensible.
Las investigaciones buscan establecer si existieron contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, quiénes participaron y cuál habría sido la naturaleza de esas relaciones.
También tendría que determinarse si esos posibles contactos guardan alguna conexión con recursos municipales, actividades empresariales o las operaciones investigadas alrededor del contrabando de combustibles.
Hasta este martes no se ha acreditado públicamente que Ana Paty Peralta colabore, pertenezca o mantenga una relación criminal con el Cártel de Sinaloa.
Los posibles contactos forman parte de una línea de investigación que todavía tendría que traducirse en pruebas, imputaciones y eventualmente resoluciones judiciales.
La visa no prueba vínculos con el Cártel de Sinaloa
La aparición simultánea de ambas historias puede generar una conclusión que hasta ahora no está sustentada: que Estados Unidos retiró las visas debido a posibles nexos con organizaciones criminales.
Esa relación causal no está demostrada públicamente.
Por un lado está la decisión estadounidense sobre las visas de Peralta y dos integrantes de su familia.
Por otro están las pesquisas mexicanas sobre recursos públicos, huachicol fiscal y eventuales contactos con personas vinculadas al crimen organizado.
Washington no ha informado que alguno de esos elementos haya motivado su decisión migratoria.
¿Por qué Estados Unidos puede guardar silencio sobre una visa?
Los expedientes consulares están sujetos a reglas especiales de confidencialidad.
La sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos protege la información relacionada con la emisión, rechazo y revocación de visas.
Por esa razón, una persona puede enfrentar una cancelación sin que el Departamento de Estado revele públicamente todos los motivos.
Ese silencio tampoco permite concluir que existan investigaciones criminales estadounidenses contra el titular del documento.
En el caso de Ana Paty Peralta, la razón específica de la revocación permanece sin hacerse pública.
Cancún queda en medio de un caso con impacto político
Ana Paty Peralta gobierna uno de los municipios con mayor importancia económica y turística de México.
Benito Juárez concentra Cancún, principal destino turístico del Caribe mexicano y una de las ciudades con mayor exposición internacional del país.
Una investigación sobre el posible manejo de recursos municipales adquiere así un impacto que rebasa la política local.
El escenario se vuelve todavía más complejo por la cercanía de la sucesión estatal de 2027 y por la aparición de temas como Aduanas, huachicol fiscal y posibles contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
El caso sigue abierto en dos países
Hasta este 1 de septiembre, el escenario mantiene varios puntos pendientes.
Se reporta que Estados Unidos canceló las visas de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro, pero las razones continúan reservadas.
En México, las líneas de investigación buscan esclarecer el eventual uso de recursos municipales, operaciones relacionadas con combustibles y posibles contactos con personas vinculadas con una organización criminal.
Lo que todavía no existe públicamente es una sentencia que determine responsabilidad de la alcaldesa ni evidencia que permita afirmar que la revocación estadounidense fue consecuencia de esas investigaciones.
Una respuesta de Peralta, una actuación formal de la FGR o un pronunciamiento estadounidense podrían modificar el alcance del caso.
*OCR
