Durante una gira de trabajo por el estado de Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la implementación de medidas clave que buscan transformar la administración pública en México. 

La mandataria destacó la entrada en vigor de la reforma constitucional al artículo 127, la cual pone un punto final a las denominadas "pensiones doradas". 

Esta modificación establece que ninguna jubilación en el sector público podrá exceder la mitad de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo Federal, eliminando pagos que, en algunos casos, alcanzaban el millón de pesos mensuales.

Desde el municipio de Emiliano Zapata, la jefa del Ejecutivo explicó que este ajuste impactará directamente a exfuncionarios de organismos como Pemex, la CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro. 

Bajo la premisa de que los recursos públicos pertenecen a la nación, Sheinbaum enfatizó que el ahorro derivado de estos recortes no se quedará en la burocracia. 

Por el contrario, el presupuesto será redirigido hacia los municipios para fortalecer servicios básicos como la pavimentación y las obras de infraestructura hidráulica.

Acompañada por ciudadanos que recibieron escrituras y constancias de finiquito de créditos para vivienda, la presidenta reafirmó su compromiso con la política de austeridad heredada de su antecesor. 

Sostuvo que su administración seguirá gobernando para las mayorías, "pésele a quien le pese", asegurando que el mandato popular que recibió en las urnas es la guía principal de sus acciones. Para la mandataria, estas reformas representan un cambio sustantivo que devuelve la dignidad al ejercicio del servicio público.

Eficiencia electoral y el fin de los privilegios políticos

Además del ajuste a las pensiones, Sheinbaum destacó los alcances del "Plan B" de la Reforma Electoral, una iniciativa diseñada para reducir los costos operativos del aparato democrático en el país. 

Con esta medida, se estima un ahorro de 5,000 millones de pesos que serán destinados a programas de beneficio social. La reforma contempla un límite al número de regidores en los ayuntamientos y una reducción significativa en el presupuesto asignado al Senado de la República, así como ajustes en los sueldos de los consejeros electorales.

La mandataria fue incisiva al señalar que se acabaron los tiempos en los que, con dinero del pueblo, se pagaban seguros de gastos médicos privados y bonos extravagantes para la alta burocracia. En este mismo sentido, recordó que la nueva legislación pone fin a las herencias políticas y a la reelección inmediata. 

A partir del año 2030, el principio de "sufragio efectivo, no reelección" recuperará su vigencia total en presidencias municipales y diputaciones, impidiendo que los cargos públicos se conviertan en un patrimonio familiar.

Finalmente, Claudia Sheinbaum apuntó que cualquier familiar de un político que aspire a un cargo de elección deberá someterse a los procesos democráticos y estatutos correspondientes, eliminando las designaciones directas que solían ocurrir. 

Con estos cambios, la administración federal busca consolidar un modelo de gobierno donde los representantes vivan en la "justa medianía", asegurando que cada peso ahorrado se convierta en una mejora tangible para la vida cotidiana de las familias mexicanas.