Caso Pegasus destapa red de empresas fantasma; dictan sentencia

Este viernes, el juicio contra Juan Carlos García Rivera, exempleado del Grupo KBH acusado de intervenir comunicaciones con el software Pegasus, concluyó con el planteamiento de que el acusado es solo un chivo expiatorio, sin interés personal para “espiar” a miembros de la prensa.

Por lo que, a las 16:00 horas, se dictará la sentencia a García Rivera y el juez Luis Benítez Alcántara determinará si la FGR acreditará su responsabilidad en la intervención de comunicaciones privadas, ya que solo pidió para él una condena de 16 años, ya que la víctima es una periodista.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur y por casi ocho horas se escucharon alegatos finales de la Fiscalía, defensa y de la asesoría jurídica de la víctima.

Aunado a lo anterior, el primero en hablar fue el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien destacó que el acusado no tenía interés personal para intervenir el teléfono de la periodista, no fue el autor intelectual, ya que el dueño de KBH, Uri Emmanuel Ansbacher, sí tenía un objetivo económico y era quien ordenaba quién se debía espiar.

Asimismo, resaltó que, la FGR acreditó con las pruebas aportadas que se intervino comunicaciones de un celular con este sistema entre 2015 y 2016 derivado de la publicación del reportaje La Casa Blanca, y otros casos de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto.

“El uso ilegal e indiscriminado de este sistema vulneró la vida de la víctima y su familia”, enfatizó el fiscal.

En tanto, dijo que las pruebas contra García Rivera son indiciarias y solicitó que se le dicte sentencia condenatoria para que la sociedad deje de ver a Pegasus como sinónimo de impunidad.

“Pegasus ya es sinónimo de espionaje”, destacó el fiscal.

Además, con el caso de Pegasus, la Fiscalía detectó una red de empresas fachada y prestanombres, ya que KBH era un grupo corporativo de empresas que actuaban a través de prestanombres y operaban desde un inmueble en la Avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México, pero declaraban otros domicilios que no existían.

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Por otro lado, dijo que estas personas también son acusadas de otros delitos, por lo que, Sánchez Pérez del Pozo señaló el cateo que se hizo en 2019 en KBH, cuatro años después de que se intervino el teléfono, donde se encontró equipo de espionaje.

Mientras que, Samuel Ibarra, abogado de García Rivera, indicó que su cliente es un chivo expiatorio y la FGR no acreditó la intervención telefónica contra la periodista ni que esta se realizara con Pegasus ni por el acusado.

Asimismo, criticó que gran parte de la teoría del caso de la FGR se basa en declaraciones del testigo protegido Zeus, resentido porque lo despidieron de la empresa y tenía “sed de venganza” contra “el corporativo diabólico”, como señaló el litigante a la supuesta red de empresas a las que se refiere la FGR.

“No se pudo acreditar con evidencia científica la intervención en el teléfono de la hoy víctima ni que hubiera sido con Pegasus, ni que hubiera sido realizada por Juan Carlos García Rivera… no hay nadie que dijera ‘yo vi que Juan Carlos García Rivera intervino el teléfono de la periodista’”, resaltó el abogado.

Por último, el abogado indicó la falta de cadena de custodia del teléfono, pues estuvo en Canadá con Citizen Lab y luego en Estados Unidos.

Con información de El Heraldo de México

*ARD