La decisión del presidente Daniel Ortega de impulsar una reforma para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones marca un nuevo capítulo en la crisis política de Nicaragua. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ya inició los trabajos para modificar la Constitución y otras leyes, una medida que provocó el rechazo de Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y diversos actores internacionales.
La Asamblea Nacional de Nicaragua anunció el inicio de un plan de trabajo para desarrollar las reformas constitucionales y legales solicitadas por Daniel Ortega. Asimismo, el Parlamento realizará sesiones especiales junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir el marco jurídico que permitirá implementar los cambios.
El mandatario ordenó estas modificaciones durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado 19 de julio. En ese evento aseguró que no permitirá procesos electorales que, a su juicio, pongan en riesgo la continuidad del oficialismo.
Ortega afirma que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones"
Durante su discurso, Daniel Ortega declaró que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" para evitar que la oposición alcance el poder. Además, instruyó a los legisladores a crear un marco legal que impida la participación de quienes calificó como "golpistas" y "vendepatrias".
Aunque el Gobierno aún no ha explicado con precisión cómo funcionará el nuevo modelo político, las declaraciones del mandatario generaron preocupación entre organizaciones defensoras de la democracia y dirigentes opositores.
Oposición advierte un modelo de partido único
El dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro sostuvo que el objetivo del Gobierno consiste en transformar a Nicaragua en un sistema de partido único, similar al existente en países como China, Corea del Norte y Cuba.
Según Chamorro, el oficialismo buscaría sustituir las elecciones competitivas por mecanismos internos de designación de autoridades, eliminando cualquier posibilidad de alternancia política.
Estados Unidos y países vecinos condenan la iniciativa
La propuesta recibió una respuesta inmediata de la comunidad internacional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las declaraciones de Ortega evidencian "su verdadera naturaleza autoritaria". Además, señaló que el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones democráticas.
Por otra parte, Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua como señal de protesta y calificó la eliminación del derecho al voto como un grave atentado contra los principios democráticos.
De igual forma, Costa Rica manifestó su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y la persecución de las voces críticas dentro del país centroamericano.
Un proceso que profundiza la concentración del poder
Las reformas anunciadas representan un nuevo paso en la consolidación del poder de Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2025, comparte la Presidencia con Rosario Murillo bajo la figura de copresidencia creada mediante una reforma constitucional.
En los últimos años, organismos internacionales han cuestionado al Gobierno nicaragüense por presuntas violaciones a los derechos humanos, restricciones a las libertades civiles, persecución contra opositores y procesos electorales sin garantías democráticas. Mientras tanto, la oposición solicita una mayor presión diplomática para restablecer el Estado de derecho.
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