Donald Trump lanza la "Tarjeta Dorada" para millonarios y elimina regulaciones de derechos humanos

El presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos comenzará a vender en dos semanas un nuevo tipo de permiso de residencia llamado "tarjeta dorada" a un costo de 5 millones de dólares. Al mismo tiempo, anuló una orden emitida por la administración de Joe Biden que buscaba garantizar que los aliados de Washington no usen armas de fabricación estadounidense en actos que impliquen violaciones del derecho internacional humanitario.

"Vamos a vender una tarjeta dorada en unos 5 millones de dólares, y con ella los ricos llegarán a nuestro país, tendrán éxito, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente", declaró Trump a periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca. Los oligarcas de Moscú, la mayoría de los cuales han sido sancionados por Estados Unidos desde la invasión rusa a Ucrania, podrían solicitar su participación en el programa, agregó el magnate.

Sustitución de las Visas EB-5

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que la "Tarjeta Dorada Trump" reemplazará las visas EB-5 dentro de dos semanas. Las EB-5 fueron creadas por el Congreso en 1990 para generar inversión extranjera y están disponibles para personas que invierten cerca de un millón de dólares en una empresa que emplea a por lo menos 10 personas. En tanto, en la directriz que emitió el pasado viernes el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, se detalla la decisión del magnate de rescindir de inmediato el Memorando de Seguridad Nacional, conocido como NSM-20, que emitió la administración Biden solicitando garantías "creíbles y fiables" a los países que recibían ayuda militar de que respetarían los derechos humanos.

Trump recibió ayer tres reveses en tres tribunales distintos en menos de 90 minutos, mientras su administración enfrenta una avalancha de desafíos legales. Los jueces federales en Seattle, DC y Washington ordenaron a su gobierno reiniciar cientos de millones de dólares en pagos de ayuda extranjera, impidieron que se congelaran subvenciones y préstamos federales, y anularon temporalmente la orden ejecutiva del presidente que suspendía las admisiones de refugiados.

El magistrado federal de distrito en Seattle, Jamal Whitehead, explicó que su decisión se produjo tras una demanda que presentaron importantes grupos de ayuda, quienes argumentaron que la orden ejecutiva de Trump que suspendía el programa federal de reasentamiento de refugiados violaba el sistema que el Congreso creó para trasladar a refugiados al país. El juez federal de DC, Amir H. Alim, reprendió a los abogados del gobierno que no pudieron comparecer en 12 días para responder si la administración pagó a los contratistas de asistencia extranjera y a las organizaciones sin fines de lucro por el trabajo que ya se había realizado antes de detenerse abruptamente.

En Washington, la juez de distrito Loren Ali Khan, designada por Biden, señaló que "en términos simples, la congelación de fondos fue mal concebida desde el principio", pues el gobierno quería detener "de la noche a la mañana un gasto federal de hasta 3 billones de dólares". Así, otro juez federal bloqueó ayer la orden de Trump para llevar a cabo redadas migratorias en ciertos lugares de culto.

Amenazas y Dimisiones en el DOGE

Por otro lado, Elon Musk, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), reiteró su amenaza contra los empleados federales y aseguró que se les dará "una segunda oportunidad" para responder a su correo electrónico en el que pide una "justificación de sus puestos de trabajo" o se arriesgan a ser despedidos. Mientras, cerca de un tercio de los miembros del DOGE dimitieron porque consideran que pone al país en peligro. "Juramos servir al pueblo estadounidense y mantener nuestro juramento a la Constitución a lo largo de las administraciones presidenciales", escribieron 21 miembros del personal en una carta que enviaron a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles.

Por otro lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, a la que calificó de "primera línea de la guerra" migratoria. “La protección de nuestro territorio soberano es la misión del Departamento de Defensa y hemos actuado con rapidez para implementar las órdenes ejecutivas del comandante en jefe, Donald Trump, sobre seguridad fronteriza", subrayó. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que sancionará a los inmigrantes indocumentados que no se deporten a sí mismos.

Al cierre de esta edición, con el impulso de Trump, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó en votación de 217 a 215 la agenda de recortes de impuestos y fronteras del magnate, lo que supone un importante impulso a su agenda para 2025, señaló Reuters. Thomas Massie, representante de Kentucky, fue el único republicano que votó en contra.

Trato inhumano

En tanto, la Casa Blanca se defendió de acusaciones de malos tratos a deportados venezolanos, que estuvieron retenidos en la base de Guantánamo. Diuvar Uzcátegui dijo al Washington Post que sólo le permitieron salir al exterior en dos ocasiones por periodos breves y siempre encadenado dentro de una jaula. "No me trataron como a un ser humano", denunció. Ante la insistencia de periodistas sobre el reporte del Post, la vocera Karoline Leavitt.

Con información de La Jornada

*BC