Congreso de Puebla analiza escenario para instalar Concejos Municipales tras investigaciones a alcaldes
Puebla, Pue. El Congreso del Estado de Puebla mantiene seguimiento a las investigaciones relacionadas con seis directores de Seguridad Pública detenidos y las indagatorias que involucran a alcaldes de distintos municipios por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Aunque el caso ha generado atención pública, el presidente del Poder Legislativo, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que cualquier decisión institucional dependerá de la información oficial que emita la Fiscalía.
Detenciones involucran a municipios de distintos partidos
Los operativos efectuados el 13 de julio derivaron en la captura de los responsables de Seguridad Pública de Chietla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Tlaola, Tlapacoya y Jopala.
Estos municipios son administrados por gobiernos del PAN, Morena, PVEM, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México, lo que demuestra que las investigaciones alcanzan a administraciones de diversas fuerzas políticas.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados y esclarecer los hechos.
Congreso espera información oficial
Pável Gaspar Ramírez señaló que ha seguido el desarrollo del caso a través de la información pública; sin embargo, insistió en que no existe un informe oficial por parte de la Fiscalía que permita al Congreso fijar una postura definitiva.
Asimismo, destacó que emitir declaraciones sin datos confirmados podría afectar las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades competentes.
Procedimiento legal en caso de ausencia de alcaldes
El legislador explicó que, si los presidentes municipales son detenidos y el Gobierno del Estado asume temporalmente las funciones de seguridad, el Congreso tendría que iniciar el procedimiento para nombrar Concejos Municipales, conforme a la legislación vigente.
Esta medida permitiría garantizar la gobernabilidad de los municipios y asegurar la continuidad de los servicios públicos mientras concluyen los procesos judiciales correspondientes, evitando un vacío de autoridad en las demarcaciones involucradas.
*ARD