feminicidio en Puebla

Puebla, Pue.- El Congreso local aprobó una reforma para que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio desde el inicio. Con esta decisión, se busca homologar la legislación estatal con la normativa federal y garantizar procesos con perspectiva de género.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada por unanimidad durante una sesión extraordinaria. Incluso, legisladores del PAN y PRI respaldaron la propuesta, al considerar urgente atender la crisis de violencia contra las mujeres.

Cambios clave en la ley

La reforma introduce cambios relevantes en la tipificación del feminicidio, así como en los procedimientos de investigación. En consecuencia, las autoridades deberán actuar con mayor rigor desde el primer momento.

Entre los principales ajustes destacan:

• Clasificación inmediata como feminicidio
• Inclusión de tentativa como delito sancionable
• Más de 20 agravantes reconocidas
• Protocolos obligatorios para autoridades

Asimismo, se establece una mayor coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, lo que permitirá mejorar la respuesta institucional ante estos casos.

Penas más altas y sanciones adicionales

El nuevo marco legal contempla penas de hasta 70 años de prisión para los responsables de feminicidio. Además, se aplicarán sanciones económicas y la pérdida de derechos civiles, como la patria potestad.

También se incluye la reparación integral del daño para víctimas indirectas. Por ello, el Estado deberá garantizar medidas de apoyo y protección para las familias afectadas.

Críticas por impunidad y falta de capacitación

Durante el debate, legisladores coincidieron en que la reforma representa un avance, pero advirtieron que el problema principal es la impunidad. La diputada Susana Riestra Piña señaló que en 2025 se registraron 735 casos, mientras que en 2026 ya suman 94.

Además, denunció que muchas investigaciones se clasifican como homicidios dolosos para evitar reconocerlos como feminicidio. Por lo tanto, insistió en la necesidad de capacitar a ministerios públicos y peritos.

En tanto, la diputada Delfina Pozos Vergara afirmó que endurecer las leyes no será suficiente si no se garantiza justicia. Indicó que siete de cada diez casos permanecen impunes, lo que refleja fallas estructurales.

Desafíos para su aplicación

Aunque la reforma fortalece el marco legal, su efectividad dependerá de la correcta implementación. En consecuencia, especialistas y legisladores coinciden en que se requieren recursos, capacitación y supervisión constante.

Finalmente, el Congreso reiteró que el objetivo es combatir la violencia de género y asegurar que ningún caso quede sin investigar como feminicidio.

*ARD
 

Puebla, Pue. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró la vinculación a proceso de Luis Eduardo N., alias “Lalo”, de 25 años, señalado como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2021 en la localidad de La Galarza, donde la víctima se encontraba en su domicilio.

En ese lugar, el imputado presuntamente la atacó con un arma punzocortante, causándole diversas lesiones en el rostro. La agresión fue interrumpida gracias a la oportuna intervención de un vecino, lo que evitó consecuencias mayores.

Detención y proceso judicial

Tras las indagatorias, el 9 de abril de 2026, agentes de investigación cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

Posteriormente, durante la audiencia inicial celebrada el 14 de abril de 2026, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, reclasificando el delito como feminicidio en grado de tentativa.

El imputado queda a disposición judicial

El acusado quedó a disposición del juez de control, quien será el encargado de definir su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró su compromiso de combatir los delitos de violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

*BC