Medio Ambiente

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que la reciente marcha en la capital poblana en contra del cablebús contó con la participación de integrantes de partidos opositores. Señaló que muchos de los líderes ambientalistas carecen de calidad moral para protestar, ya que no cuentan con antecedentes en proyectos de conservación y rescate del medio ambiente.

Armenta Mier destacó que su huella ambiental se remonta a 1996, cuando comenzó a realizar actividades de siembra de árboles y mantenimiento de espacios verdes en distintas regiones del Estado de Puebla.

"Invito públicamente a los líderes ambientalistas a demostrar su huella ambiental a lo largo de su vida. Desde 1996 he trabajado activamente en la protección del medio ambiente y puedo demostrarlo", afirmó el gobernador.

Acciones legislativas a favor del medio ambiente

El gobernador recordó que, como diputado federal, diputado local y senador, impulsó y presentó iniciativas legislativas aprobadas que fortalecen la protección de la vida humana y del planeta, además de participar activamente en labores de plantación y cuidado de árboles.

Ante las críticas al cablebús, Armenta Mier invitó a los activistas ambientalistas a participar directamente en la gestión de viveros forestales, asegurando que la administración estatal facilitará los espacios y recursos necesarios para esta labor.

"Estamos trabajando basados en la ciencia y en estándares internacionales. La secretaria del medio ambiente, Mayra, ha recorrido laboratorios de germoplasma a nivel mundial para optimizar la producción mixta y los programas de reforestación", señaló.

Coordinación del gabinete y postura frente a la marcha

Por su parte, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, calificó la marcha como una acción de partidos opositores y personas oportunistas, destacando que la instalación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) requirió el derribo de más de mil árboles, siempre con supervisión y en cumplimiento de la normativa ambiental.

"El gobierno actúa con base en la ciencia y la legalidad, buscando un equilibrio entre movilidad urbana y conservación del medio ambiente", concluyó.

*BC

Santa Rita Tlahuapan, Pue. Vecinos del municipio de Santa Rita Tlahuapan denunciaron la tala clandestina en la zona del Ameyal en la cabecera municipal.

En un video se puede observar más de 20 trozos de madera que se presume estaban listos para ser transportados.

Los denunciantes, señalan que la tala, representa un problema para las zonas boscosas que urge ser atendido.

Explicaron que la zona donde fueron ubicados los troncos es relativamente cercana a la cabecera municipal, por ello, hacen un llamado a reforzar la vigilancia.

Explicaron que la tala ilícita está presente en otras zonas como San Juan Cuauhtémoc y San Rafael Ixtapaluca, por ello, se pide a los tres órdenes de gobierno, combatir este ilícito y proteger los bosques.

El país ha logrado estabilizar el costo ambiental derivado de las actividades productivas, sin embargo, éste sigue siendo superior a lo que crece la propia economía, y también es mayor a lo que el país gasta para proteger el medio ambiente.  

Así lo reveló el Inegi en sus Cuentas Económicas y Ecológicas, que señalan que en 2023 el costo por agotamiento y degradación ambiental ascendió a 1.3 billones de pesos, 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra ligeramente inferior al 4.3% del año anterior, y que se ha mantenido estable en los últimos años.

El país ha logrado estabilizar el costo ambiental derivado de las actividades productivas, sin embargo, éste sigue siendo superior a lo que crece la propia economía, y también es mayor a lo que el país gasta para proteger el medio ambiente.  

Así lo reveló el Inegi en sus Cuentas Económicas y Ecológicas, que señalan que en 2023 el costo por agotamiento y degradación ambiental ascendió a 1.3 billones de pesos, 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra ligeramente inferior al 4.3% del año anterior, y que se ha mantenido estable en los últimos años.

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Sin embargo, esta tasa fue superior al 3.3% de crecimiento económico que experimentó el país en el mencionado año, al igual que mayor que el gasto de 0.7% del PIB que destinó el sector público para la protección del medio ambiente.