abuso de autoridad

Defensa de exdirector de Seguridad de Atlixco cuestiona pruebas en su contra

Abogados señalan que una entrevista fue fechada 13 días después de la muerte del denunciante
Paola Aroche | 25 Agosto, 2026
Cuerpo

Atlixco, Pue. La defensa de Antonio Hernández Pacheco, exdirector de Seguridad Pública de Atlixco, cuestionó la cronología contenida en la carpeta de investigación por la que fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Los abogados centraron sus señalamientos en dos puntos: una entrevista atribuida al denunciante con fecha posterior a su fallecimiento y la versión de que éste habría permanecido hospitalizado e inconsciente cuando presuntamente ocurrieron los hechos que dieron origen a la acusación.

Entrevista aparece fechada después de la muerte del denunciante

Durante una rueda de prensa, el abogado Eduardo Liceaga García y familiares del exfuncionario mostraron una copia del extracto del acta de defunción de José Luis Bonilla de los Santos, identificado por la defensa como el denunciante.

El documento establece que José Luis murió a las 23:00 horas del 12 de julio de 2026 y que su fallecimiento fue registrado el 14 de julio en Atlixco.

La defensa aseguró que dentro de la carpeta de investigación aparece una entrevista de la Policía Investigadora realizada a José Luis N. el 25 de julio, es decir, 13 días después de la fecha de muerte asentada en el acta.

Liceaga García afirmó que este punto fue planteado durante la audiencia del 19 de agosto y sostuvo que ahí se descartó que la entrevista correspondiera a otra persona con el mismo nombre.

Investigación ubica los hechos el 5 de julio

Según la narrativa de la carpeta expuesta por los abogados, José Luis N. habría circulado en motocicleta alrededor de las 23:30 horas del 5 de julio sobre la carretera federal Izúcar de Matamoros, con dirección a Puebla.

A la altura de Carnitas El Mexicano, supuestamente se detuvo cuando una patrulla llegó al sitio. Dos policías lo habrían revisado y posteriormente exigido mil 500 pesos para dejarlo retirarse.

Según esa versión, los agentes lo habrían amenazado con “colocarle otra cosa” si no entregaba el dinero.

El denunciante habría pagado y posteriormente fue dejado en inmediaciones del puente de Axocopan.

Defensa asegura que permanecía hospitalizado

Los abogados incorporaron a su argumentación el testimonio de la madre de José Luis, quien, según indicaron, señaló que su hijo había sufrido un accidente en motocicleta el 28 de junio.

La mujer habría manifestado que fue ingresado al hospital Gonzalo Río Arronte, donde permaneció inconsciente e intubado hasta su fallecimiento el 12 de julio.

Con base en esta declaración, la defensa cuestionó cómo habría podido protagonizar el episodio fechado el 5 de julio, así como realizar posteriormente los actos atribuidos en la investigación.

Sin embargo, el acta de defunción exhibida por los abogados únicamente acredita la fecha de fallecimiento y no documenta por sí misma todo el periodo de hospitalización. Esa parte corresponde a la información obtenida por la propia defensa.

También cuestionan posterior identificación de Hernández Pacheco

De acuerdo con el contenido de la investigación descrito por los abogados, después del supuesto hecho José Luis habría contado lo ocurrido a una persona identificada como policía ministerial.

Posteriormente habría reconocido mediante imágenes publicadas en redes sociales a Antonio Hernández Pacheco como una de las personas que presuntamente viajaban en la patrulla.

La defensa considera que esta secuencia también debe revisarse a partir de la versión sobre el estado de salud y hospitalización del denunciante.

Promueven amparo para revisar medida cautelar

Eduardo Liceaga García afirmó que ésta es, hasta ahora, la única causa penal que conoce la defensa en contra del exdirector de Seguridad Pública.

Los abogados también promovieron un juicio de amparo para solicitar que un juez federal revise la medida cautelar impuesta a Hernández Pacheco.

Respecto de versiones sobre cateos, aseguramientos de dinero o drogas, propiedades o posibles nexos con alguna organización criminal, el abogado aseguró que no tiene conocimiento de investigaciones de esa naturaleza y señaló que no forman parte del proceso penal que actualmente atiende.

Familiares piden revisar las presuntas inconsistencias

La madre y una hermana de Antonio Hernández Pacheco también participaron en la conferencia de prensa.

Ambas señalaron que no han podido visitarlo desde su detención y manifestaron preocupación por medicamentos que, aseguraron, necesita el exfuncionario.

La defensa pidió a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades correspondientes revisar las fechas y demás elementos que considera inconsistentes dentro del expediente.

Mientras continúa la etapa de investigación complementaria, Antonio Hernández Pacheco permanece vinculado a proceso y sujeto a la medida cautelar determinada por el juez.

 

 

*BC

Persiste la revictimización durante las detenciones, denunció Salvatori

El caso de Ariana en San Andrés Cholula desató críticas y cuestionamientos
Aure Navarro | 14 Junio, 2026
Cuerpo

Puebla, Pue. La diputada local Nayeli Salvatori, acompañada de Ariana N., la mujer que acusa su detención de forma arbitraria en San Andrés Cholula, denunció públicamente un presunto caso de abuso de autoridad, violencia familiar y una supuesta red de revictimización institucional atribuida a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Vulneran derechos

La legisladora manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia durante procesos de detección e intervención policial, y criticó la filtración de material audiovisual relacionado con el caso, el cual, afirmó, debería permanecer bajo resguardo oficial conforme a la normatividad vigente.

“Imagínate que como madre tienes que haber visto cómo golpean a tus hijos, cómo te golpean a ti... Estás en un estado completo de vulnerabilidad y, además, te revictimizan con un video que no debió salir nunca de la Secretaría de Seguridad Pública; videos que legalmente no deben ser difundidos”, señaló Salvatori durante su intervención.

De acuerdo con la versión presentada, la diputada calificó como grave la difusión de imágenes que, en su opinión, contribuyen a la exposición pública y estigmatización de personas en situación de crisis, además de señalar la necesidad de revisar los protocolos de actuación y manejo de evidencia por parte de las autoridades.

 

San Andrés Cholula

 

Disculpa pública

Por su parte, la mujer identificada como Ariana N., ofreció una disculpa pública a la sociedad poblana por la circulación de videos de su detención, y explicó que su comportamiento durante los hechos respondió a una crisis emocional severa derivada de la separación de sus hijos menores de edad.

La afectada relató que los hechos ocurrieron en el municipio de San Andrés Cholula, donde, según su testimonio, se habrían presentado diversas irregularidades durante su detención y traslado por parte de elementos policiales.

Entre las presuntas anomalías, señaló que se le negó el derecho a realizar una llamada telefónica para conocer el paradero y estado de sus hijos, situación que consideró una violación a sus derechos fundamentales durante la detención.

Denunció que varios elementos de seguridad la habrían grabado con teléfonos celulares mientras era trasladada en una patrulla y posteriormente dentro de instalaciones oficiales, sin su consentimiento.

Ariana explicó que, al encontrarse en un estado de crisis emocional, agravado por el desconocimiento de la zona y la preocupación por sus hijos, sufrió un ataque de pánico que derivó en gritos y declaraciones confusas durante el procedimiento.

En el material difundido en redes sociales se observan fragmentos del momento de la detención, en los que la mujer aparece sometida en el suelo, mientras personas presentes exigen el cese de la intervención y cuestionan la actuación de los elementos policiales.

 

Ariana y el video

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial detallada sobre las acusaciones presentadas, mientras el caso ha generado debate en redes sociales sobre el uso de la fuerza, el manejo de evidencia audiovisual y la protección de los derechos de personas detenidas.

Es importante mencionar que en los videos que fueron difundidos se escucha a Ariana N. decir en aparente estado de ebriedad, tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La mujer amenazó a las policías, presumió su estatus social, además de afirmar tener nexos con un grupo del narcotráfico.

 

Hay 20 policías municipales suspendidos, están bajo investigación de la Fiscalía

20 elementos de SSC Puebla son investigados por denuncias de abuso y corrupción; aplican baja temporal durante el proceso
Silvino Cuate | 25 Marzo, 2026
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Puebla, Pue. Al menos 20 elementos municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron separados de sus funciones tras ser denunciados por abuso de autoridad, informó el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que ya integra los expedientes correspondientes.

El funcionario detalló que actualmente existen 20 expedientes abiertos, aunque no se ha precisado el avance de cada caso.

"Nosotros colaboramos con la información que nos solicita la Fiscalía. Es importante que la ciudadanía denuncie cualquier caso de mala actuación ante la Unidad de Asuntos Internos", señaló.

 

Separación temporal como medida preventiva

Como parte del proceso, la Dirección de Asuntos Internos del municipio de Puebla determinó aplicar una baja temporal a los elementos señalados, en tanto se desarrollan las investigaciones.

Estas acciones derivan de denuncias relacionadas con anticorrupción, lo que ha motivado la apertura de procedimientos administrativos.

 

Refuerzan política de cero tolerancia

Félix Pallares reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión o abuso de autoridad por parte de algún policía municipal.

Explicó que, al recibir una denuncia, se aplica de inmediato una suspensión temporal, mientras se determina la responsabilidad de los elementos involucrados.

"Seguimos con una política de cero tolerancia ante este tipo de conductas", puntualizó.

*BC

 

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