Jesús Juárez Lezama

Puebla, Pue- El director jurídico de Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso del Estado, Jesús Juárez Lezama, presentará su renuncia para concluir su etapa dentro de la LXII Legislatura. Su salida ocurre después de varios meses de críticas por presuntas deficiencias en la revisión jurídica de iniciativas y otros asuntos legislativos.

Diversos diputados manifestaron inconformidad con el desempeño del funcionario. Entre ellos se encuentra el legislador de Morena, Andrés Villegas Mendoza, así como la diputada Grace Palomares, quien expresó en redes sociales su respaldo a la salida de Juárez Lezama con un mensaje en el que celebró la decisión.

Sin embargo, hasta ahora el Congreso del Estado no ha emitido información oficial que confirme el relevo dentro de la estructura administrativa del Poder Legislativo.

Retrasos y controversias marcaron su gestión

Durante su gestión, el área jurídica fue señalada por presuntas fallas técnicas en la revisión de iniciativas y reformas, lo que generó retrasos en el trabajo legislativo. Incluso, algunos procedimientos requirieron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a controversias relacionadas con el proceso legislativo.

Además, también surgieron cuestionamientos por la presunta falta de información respecto a una controversia constitucional promovida por el Gobierno Federal sobre una reforma en materia de transparencia.

La diputada panista Susana Riestra Piña denunció que Juárez Lezama y el entonces secretario general Julio Leopoldo de Lara Varela no notificaron oportunamente a los diputados sobre dicho procedimiento constitucional.

Como consecuencia, la bancada del PAN promovió una solicitud formal para removerlo del cargo y presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Congreso por presuntas omisiones y exceso en el ejercicio de sus atribuciones.

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Puebla, Pue. Se mantendrán en sus cargos Julio Leopoldo de Lara Varela, como Secretario General, y Jesús Juárez Lezama, titular del área jurídica, ambos en el Congreso local, luego de ser señalados por actuar con omisión y dolo ante la controversia que inició la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma a la Constitución local en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Al ser cuestionado sobre la petición de la diputada panista Susana Riestra para su salida del Congreso local, Polo de Lara declaró: “al Secretario General no le corresponde dar declaraciones” y pidió analizar con detalle lo ocurrido.

Por su parte, Jesús Juárez Lezama, responsable del Jurídico, señaló: “nada que decir, no me corresponde, solo me corresponde realizar la chamba técnica”.

Posición del presidente del Congreso

El presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que, aunque Polo de Lara y Jesús Juárez permanezcan en sus cargos, la solicitud de la diputada Susana Riestra seguirá su proceso legal correspondiente.

Ramírez agregó que, como líder del Congreso, asume responsabilidad total sobre lo que ocurre dentro del Poder Legislativo y que se compromete a mantener comunicación constante sobre los temas que se atienden.

El funcionario destacó: “el Secretario General es un hombre con experiencia, ha tenido múltiples aciertos. La trayectoria de Polo de Lara incluye su labor como diputado desde la LIV Legislatura (1999-2002) y su participación en la Academia de los Medios. No puedo determinar si se va o se queda; se dará seguimiento a las propuestas que se presenten”.

Solicitud de remoción por parte de Susana Riestra

El jueves 12 de marzo, la diputada local Susana Riestra Piña solicitó la remoción de los titulares de la Secretaría General y del Área Jurídica del Congreso, debido a la grave omisión que cometieron frente a la controversia emitida por la SCJN.

La panista criticó que Julio Leopoldo de Lara Varela pasara por alto la representación de los 41 diputados, intentando asumir funciones como si fuera el “diputado 42” de la LXII Legislatura.

Falta de información a los diputados

Susana Riestra señaló que la problemática radica en que el Congreso local nunca informó a los 41 diputados sobre el proceso de la controversia, la cual se desarrolló entre el 11 de septiembre y el 9 de marzo, cuando se presentó, recibió y respondió una demanda de la SCJN en nombre del Poder Legislativo, sin notificar a los propios integrantes del órgano.

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