Senado cierra filas para acabar con las pensiones doradas
El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca poner fin a las llamadas pensiones doradas, es decir, las jubilaciones elevadas que reciben algunos ex funcionarios y directivos de empresas del Estado.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada con 115 votos a favor y seis abstenciones y ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.
Con esta reforma se pretende establecer límites a las pensiones financiadas con recursos públicos y evitar que ex servidores públicos reciban ingresos superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.
Reforma busca limitar las pensiones con recursos públicos
La propuesta contempla modificar el artículo 127 de la Constitución, el cual regula los salarios y remuneraciones de los servidores públicos.
El nuevo planteamiento establece que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario mensual del presidente de la República, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos al mes.
El objetivo es garantizar que las jubilaciones dentro del sector público mantengan un criterio de proporcionalidad y austeridad.
Ahorros estimados para el gobierno federal
Según estimaciones del gobierno federal, la aplicación de esta reforma permitiría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos anuales.
La medida forma parte de la política de contención del gasto público y de revisión de beneficios laborales dentro de organismos gubernamentales y empresas del Estado.
Además, el dictamen busca regular las pensiones que reciben ex directivos, personal de confianza y funcionarios de organismos descentralizados en los tres niveles de gobierno.
Casos de pensiones que superan el salario presidencial
Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, destacó que existen casos de jubilaciones financiadas con recursos públicos que alcanzan cifras muy elevadas.
En algunos casos, explicó, se han registrado pensiones que superan el millón de pesos mensuales, particularmente en organismos públicos o empresas del Estado.
Uno de los ejemplos mencionados fue el de trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, donde se otorgaron jubilaciones de alto monto.
Sectores que podrían quedar fuera del límite
El dictamen aprobado por el Senado contempla algunas excepciones a la regla del límite de pensiones.
Entre los sectores que podrían quedar excluidos se encuentran:
Integrantes de las Fuerzas Armadas
Casos específicos contemplados en la ley
Algunos regímenes especiales del servicio público
Estas excepciones generaron cuestionamientos durante el debate parlamentario.
Legisladores expresan dudas sobre la reforma
Aunque la iniciativa recibió respaldo mayoritario, algunos legisladores de oposición plantearon preocupaciones sobre el alcance del dictamen.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, anunció su voto a favor del proyecto, pero cuestionó por qué ciertos sectores, como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, podrían quedar fuera de la limitación.
También se discutió el posible efecto retroactivo de la reforma y si esta podría afectar pensiones ya otorgadas.
Miles de ex funcionarios reciben pensiones superiores al salario presidencial
Datos oficiales indican que entre 3 mil 404 y 5 mil 600 ex funcionarios y directivos de empresas estatales perciben pensiones superiores al salario del presidente de la República.
En varios casos, estas jubilaciones oscilan entre:
100 mil pesos mensuales
Más de un millón de pesos al mes
Las instituciones donde se concentran este tipo de pensiones incluyen:
Reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada y votada.
Si el dictamen obtiene el respaldo legislativo necesario y posteriormente es aprobado por los congresos estatales, la reforma constitucional entrará en vigor.
Con ello, el gobierno busca ordenar el sistema de pensiones financiadas con recursos públicos y evitar jubilaciones consideradas desproporcionadas, manteniendo al mismo tiempo condiciones dignas para el retiro de los trabajadores.
*BC