CJNG operaba desde complejo vacacional en Jalisco para defraudar a estadounidenses
El gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo golpe financiero contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a un complejo turístico y a una red empresarial que operaba en Puerto Vallarta, presuntamente vinculada a un esquema de fraude de tiempo compartido que dejó pérdidas millonarias a ciudadanos estadounidenses.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a Kovay Gardens, cinco personas y 17 empresas asociadas.
Puerto Vallarta, punto clave en la operación financiera del CJNG
Varias de las compañías señaladas operan en o cerca de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, una zona que autoridades estadounidenses consideran estratégica para el CJNG.
Según Washington, la organización criminal no solo participa en el tráfico de drogas —incluido el fentanilo—, sino que también ha diversificado sus ingresos ilícitos hacia:
Fraudes inmobiliarios y de tiempo compartido
Lavado de dinero a través de empresas fachada
Robo y comercialización ilegal de combustible
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que estos esquemas afectan principalmente a adultos mayores estadounidenses.
Así operaba el fraude de tiempo compartido
De acuerdo con el Federal Bureau of Investigation (FBI), el esquema funcionaba mediante centros de llamadas ubicados en México. Operadores que hablaban inglés contactaban a propietarios estadounidenses para ofrecer:
Reventa de contratos de tiempo compartido
Supuestas oportunidades de inversión
Servicios de renta con altos rendimientos
Las víctimas debían pagar por adelantado “impuestos”, “honorarios legales” o “cuotas administrativas” mediante transferencias internacionales. Una vez recibido el dinero, el contacto desaparecía.
Entre 2019 y 2023, unas seis mil víctimas denunciaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares. En 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) registró casi 900 nuevas denuncias, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
Las autoridades estiman que la cifra real podría ser mayor debido a que muchas víctimas no denuncian por vergüenza.
Investigación binacional contra la red ligada al CJNG
La operación fue coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Nueva York, con participación de:
El Federal Bureau of Investigation
La Drug Enforcement Administration (DEA)
La U.S. Customs and Border Protection (CBP)
La oficina de investigación criminal del IRS
En México, colaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como resultado, se identificaron flujos financieros relevantes, transferencias internacionales, consumos con tarjetas, inversiones y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas en el occidente del país.
Bloqueo de activos y denuncias penales
Tras el anuncio estadounidense, la UIF incorporó a siete personas adicionales —seis físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas.
Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La designación de OFAC implica:
Congelamiento de activos en territorio estadounidense
Prohibición de transacciones con ciudadanos y empresas de EU
Aislamiento del sistema financiero internacional
Ofensiva contra el financiamiento del CJNG
El Tesoro de EU sostiene que desde aproximadamente 2012 el CJNG tomó control de estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas, convirtiéndolas en una fuente significativa de ingresos.
Además, las autoridades detectaron esquemas de “revictimización”, donde supuestos abogados o funcionarios ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reportó más de 850 Reportes de Actividades Sospechosas vinculados a este tipo de fraude, identificando alrededor de 330 millones de dólares en movimientos potencialmente ilícitos.
Con esta acción, Washington busca debilitar las estructuras financieras del CJNG y reducir su capacidad operativa más allá del narcotráfico.
*BC