ASE investiga daño contra el erario en obras de Norma Layón

San Martín Texmelucan, Pue- Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan, otorgó más de 150 millones de fondos públicos a 25 empresas “favoritas”, pero los contratos asignados no cumplieron con las normas y algunos fueron observados por la Auditoría Superior del Estado, en la que se determinó probable daño o perjuicio o ambos en contra del erario.

En una investigación del periodista Rodolfo Herrera Charolet, director del medio electrónico ePrensa, publicada el pasado 18 de noviembre se dan a conocer hechos relevantes de la administración de uno de los municipios más importantes del estado. Además, el regidor José Galindo Yamak denunció que la edil de San Martín Texmelucan cometió irregularidades, por ejemplo, de la empresa Recom Construcciones S.A. de C.V., la cual realizó tres obras por contrato de 2019 a 2020 por un monto total de $15,010,354.69, en los cuales no se cumplieron los procedimientos que establece la ley y le fueron cubiertos.

“El 22 de octubre de 2019 fue asignada la obra DOP-027-FORTAMUN/19 por un monto de $8,322,631.63, para la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Villa Hermosa entre privada Villa Hermosa y Canal de Riego. En dicha obra asignada no se publica el informe de conclusión respectivo ni tampoco fue seleccionada en el muestreo de revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado, por lo que es necesario que el H. Congreso del Estado de ampliar su investigación y se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”, precisaron la investigación y la denuncia.

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Otra obra con expediente 20329 del 30 de septiembre de 2020, se le asignó sin licitar a la empresa señalada, por la cantidad de $619,859.02 que corresponde a la pavimentación con concreto hidráulico de la privada Primero de Mayo entre calle Primero Mayo y calle Pino Suárez.

En la obra relacionada con el número 20345 cuyo contrato fue firmado el 20 de noviembre de 2020, para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ismael Ronderos y carretera federal México–Puebla, en San Cristóbal Tepatlaxco, junta auxiliar de Texmelucan, pagada con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), “la responsable omitió, entre otros rubros, el de cumplir con el Proceso de Adjudicación, el modelo de contrato al que se sujetarán las partes, reporte fotográfico de la obra terminada, documentación en materia contable, administrativa y presupuestal”.

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Hay falta en la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos y se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $6,067,864.04, por lo cual se emitió el Pliego de Observaciones 0252-20-07/01-OP-PO-01

En la revisión del informe de auditoría y de la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, la investigación de Herrera Charolet encontró discrepancias de montos de contratos asignados, deficiencias o ausencia de procedimientos legales en asignación de obras, sobrecostos, falta de evidencia de los controles administrativos y contables en el gasto ejercido.

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“En las direcciones fiscales o empresariales otorgadas por los proveedores de bienes y servicios, no se encontró evidencia de su existencia, por el contrario, se trata de domicilios simulados o inexistentes, que presume la omisión de obligaciones fiscales de los responsables y que pueden derivar en delitos fiscales, cuya competencia corresponde al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por su correlación de los delitos con actores políticos y empresariales en contra del erario y en su caso la posible configuración de lavado de dinero de origen público”, concluye.

El regidor Galindo Yamak confió en el principio de legalidad y en las facultades del Congreso Local para que se determinen responsabilidades administrativas y penales con lo que se eviten mayores daños al erario de San Martín Texmelucan.

Hasta el momento no hay versión oficial del ayuntamiento referido, ni aclaración a la información en la que se señalan las posibles irregularidades y delitos cometidos.

*ARD