Docentes pasan la prueba de la democracia en Puebla

Los maestros pasaron la prueba de la democracia, las mayorías eligieron el martes a sus nuevos dirigentes.

En general, la votación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue en general “tranquila”, miles que contaban con este derecho acudieron a las urnas para elegir a los comités de las secciones 23 y 51, para el periodo del 1 de abril de 2023, al 31 de marzo de 2025.

En la sección 51, Raúl Alfredo Gómez Palacios ganó con siete mil 314 votos; en segundo lugar, apareció Felipe Neri Morán, quien funge como secretario de Finanzas de la sección, con cinco mil 581 sufragios; y en tercer lugar Dinora Guadalupe García Hernández, directora del Fondo de Ahorro para el Bienestar de los Trabajadores, con cuatro mil 409 votos.

En la sección 23, se anunció en principio un empate técnico entre los candidatos Víctor Ortiz de la planilla blanca quien contabilizó 10 mil 454 votos y José Luis González Morales con 16 mil 549, al final quedo la morada de González.

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Mientras el gobernador Luis Miguel Barbosa se oponía rotundamente a ceder el sistema de Salud a la federación, sin importar si eso molestaba al presidente de la Republica, ahora a petición del Palacio Nacional, Puebla formará parte de los 15 nuevos estados que se afiliarán al programa IMSS-Bienestar durante 2023, según confirmó Zoé Robledo, director general del Seguro Social.

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Robledo precisó que será a partir del tercer trimestre del año (julio a septiembre) cuando la entidad forme parte de este programa de salud que brinda servicios de atención en primero y segundo nivel.

Será en el tercer trimestre del 2023 que el programa IMSS-Bienestar también arrope a los tres últimos estados contemplados hasta el momento: Puebla, Aguascalientes y la Ciudad de México, lo que les permitiría llegar al 68.1 por ciento de la población.

Barbosa Huerta respondió al IMSS-Bienestar un rotundo “no”, el 25 de junio cuando reiteró que el sistema de salud en Puebla se mantendría bajo resguardo del gobierno estatal debido a que funcionaba mejor que el programa federal.

Zoé Robledo reconoció que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el programa es el proceso de reclutamiento para conseguir los médicos y médicas de todas las especialidades necesarios para este tipo de atención. Ahora todo el sistema se salud pública estatal pasará a formar pare de la infraestructura de la federación.

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¿Otra vez van por la Udlap?

La Fundación Mary Street Jenkins anuncio acciones legales en contra de los integrantes del nuevo patronato que intenta imponer la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

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En desplegado publicado ayer la Fundación Mary Street Jenkins afirma que Óscar Alejandro Franco Salazar, Antonio José Francisco Caballero y Fernández, Alejandro Sepúlveda Ortega, Pablo Jenkins Gavito y Guillermo Jenkins de Landa ostentan una representatividad que no les corresponde.

Señala que para imponerlos "José Daniel Vázquez Millán y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia de Puebla, que preside, se atribuyen facultades que no tienen conforme a derecho, con el propósito de validar actuaciones flagrantemente ilícitas".

Guillermo Jenkins de Landa, a quien se le separó del patronato por anomalías en el manejo de los recursos, encabeza la ofensiva para revertir diversas decisiones del Poder Judicial de la Federación que permiten resguardar el patrimonio de la Fundación, incluida la Udlap, de intentos ilícitos de apropiación.

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La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de 33 años 4 meses de prisión, contra los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, a quienes se les comprobó mediante pruebas sustentadas, su responsabilidad penal en el delito de fraude genérico.

A través de SITMA S.A. de C.V., captaron a cientos de personas para que invirtieran su dinero a cambio de atractivas utilidades, sin embargo, nunca entregaron los intereses generados ni les devolvieron su capital.

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Al darle seguimiento a los casos, la Fiscalía presentó pruebas en las diversas etapas procesales, logrando que los acusados obtuvieran nueva sentencia condenatoria que se suma a las más de 10 que ya tenían acumuladas.

La autoridad judicial determinó que Leonardo y Edmundo, deberán permanecer cada uno 33 años 4 meses en prisión, asimismo, tienen que pagar una multa de mil 800 días de salario mínimo y la reparación del daño material.

*ARD