Las sombras de Rodríguez Bucio

El 3 de enero de 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto extinguió la Secretaría de Seguridad Pública que Felipe Calderón impulsó con un presupuesto gigantesco y que había sido generada desde la era de Vicente Fox, cuando su alter ego y psicólogo, Ramón Muñoz, inventó el tristemente célebre “Gabinete de orden y respeto”.

No, no crea que le estoy gastando una broma. El “Gabinete de orden…” fue una entelequia que Muñoz y otros personajes inventaron para coordinar en una sola área, a la Secretaría de Seguridad Pública, la de Defensa Nacional, Marina Armada y la Procuraduría General de la República, además del entonces CISEN. Un clon deforme del modelo estadounidense.

Adolfo Aguilar Zínser fue el “coordinador” de ese mazacote que jamás funcionó, entre otras, por una obviedad: los militares y los marinos dependen de un solo civil, el Presidente de la República. Cuando el internacionalista Aguilar Zínser se dispuso a tirar órdenes, el verde olivo y los azules lo enviaron a la gélida galaxia del silencio.

Peña Nieto borró la Secretaría de Seguridad que se mantuvo con Calderón Hinojosa. Seguramente el peor de los errores del mexiquense en este asunto fue el desmantelamiento de una enorme parte de la Plataforma México y poco a poco se han ido viendo sus pedazos, unos en CNI (antes, CISEN), otros en la Secretaría de Gobernación y así por distintos lugares.

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Conversando con algunos de los arquitectos de Plataforma México, me es evidente el lamento y desazón que generó entre ellos la pedacería que Peña Nieto fue enviando por aquí y por allá. Queda claro que Fox propulsó la Secretaría de Seguridad Pública en 2000, Calderón la expandió y Peña Nieto la sepultó, en forma de una pequeña área dependiente de Miguel Ángel Osorio Chong.

Andrés Manuel López Obrador resucitó a esa dependencia, pero como todo lo que hace, lo hizo mal: colocó a un novato a cargo, Alfonso Durazo, quien fue relevado por alguien que hace parecer al sonorense como discípulo de Gregorio Potemkin: Rosa Icela Rodríguez, invisible funcionaria en las discusiones que diariamente se propinan militares, marinos y el director del CNI, Audomaro Martínez.

Rosa Icela Rodríguez tenía a un personaje que operaba políticamente la seguridad: Ricardo Mejía, quien ahora se supo reclamado por el pueblo coahuilense para que lo gobierne. Mejía no tiene ni ha tenido la menor idea en temas de seguridad, pero si algo se le reconoce, es que siempre supo enviar el apoyo a los estados y municipios cuando se le pedía.

Una llamada o una visita a Mejía Berdeja eran suficientes para que operara a gran velocidad y llegara la ayuda que se necesitaba en tal o cual lugar del país. Para muchos personajes diseminados en el territorio nacional, Mejía representaba a un personaje que no conocía gran cosa de seguridad, pero sabía ser veloz y solvente a la hora de dar el apoyo.

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Ante su ausencia, llega a cubrir su puesto como subsecretario de Seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, siendo ésta una concesión más al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval.

Por supuesto, nadie en las filas de los expertos le creyó una sola palabra a Andrés Manuel López Obrador sobre las innumerables cualidades que le encontró a Rodríguez Bucio en su homilía del 16 de enero, al presentarlo como relevo de Mejía. Todo mundo sabe que no es así.

Rodríguez Bucio conoce mucho sobre narcotráfico y terrorismo. Se le recuerda como uno de los operadores clave en los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, además de haber trabajado en un sinnúmero de temas con Genaro García Luna.

Este militar fue uno de los pioneros en trabajar con una especulación entonces novedosa: que había acciones de la delincuencia organizada en las que estaba involucrada la guerrilla. Seguramente le parece a usted una obviedad, pero no lo era hace años. Rodríguez Bucio estuvo en el CISEN y en una paradoja genial, en algún momento le dio seguimiento al propio López Obrador.

Al mismo tiempo, es imposible disociar a este militar del escándalo que se dio hace años, de una infiltración del cártel de Sinaloa en una entidad de la Secretaría de la Defensa Nacional que se encargaba de las operaciones de inteligencia en contra de los cárteles. Se recuerda que de la nada, Rodríguez Bucio se supo diplomático y se fue como Agregado Militar por una temporada.

Más allá de que Rodríguez Bucio conoce de narcotráfico, pero también está rodeado de sombras, su presencia en la Secretaría de Seguridad federal de López Obrador ha terminado por remover una inquietud: que esa entelequia termine por ser absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los puntos a considerar son evidentes. Primero, está la embadurnada de legalidad que entre el Ejecutivo y el Legislativo le dieron a la militarización de la Guardia Nacional, que en la práctica quedó pillada de los dedos a la hora de detener delincuentes cuando no están en flagrancia.

Segundo, la sepultura de los dineros federales vía FASP y FORTAMUN que está obligando en tiempo real a que los municipios supliquen que la Guardia Nacional les eche la mano para andar patrullando sus territorios, considerando que no hay dinero que alcance para contratar más policías municipales.

Tercero, la esquizofrenia que se volcó sobre militares y civiles con la captura de Ovidio Guzmán, que ha hecho que no pocos se pregunten si el operativo confirmó que siguen los abrazos, aunque haya habido una lluvia de balazos o, hay permiso para echar balazos al estilo del encarcelado Hilario Ramírez Villanueva, Layín, “sí, pero poquitos”.

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Cuarto, al caos del Metro que se vive en la Ciudad de México, no se respondió enviando dinero para atender la espantable falta de mantenimiento de sus vías, trenes y estructura, sino mandando más elementos de la Guardia Nacional que los que ésta tiene destacamentados en el estado de Puebla.

Si usted pregunta cómo podría reconvertirse la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal de López Obrador en un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional, le responderé bajo dos opciones: la primera es que en los hechos, pero en silencio, termine siendo operada por militares. La segunda es que se modifiquen leyes y se inicie un arduo camino lleno de escándalo a nivel internacional.

A lo mejor, la primera opción ya está en camino.

*ARD