“Hacen” agua

Ahora que el tema del servicio del agua potable y alcantarillado es un asunto de interés público ante su posible municipalización, es necesario subrayar que la empresa concesionaria presta el servicio en los municipios de Puebla, San Andrés, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc, como lo documentó El Sol de Puebla.

Durante la gestión de Rafael Moreno Valle, y con el aval del Congreso Local y de los integrantes del Consejo Directivo del Sistema Operador de Puebla, se privatizó el servicio que no resolvió los problemas y hasta ahora es un gran negocio para la empresa Agua de Puebla.

Revisando documentos oficiales de aquella época sale a flote una intrincada ingeniería que sólo beneficia a los concesionarios, que hasta ahora no han cumplido con el compromiso y si han recibido prebendas y canonjías avaladas desde el poder.

Por ejemplo, el fallo de la licitación, emitida el 18 de septiembre de 2013, se otorgó el 26 de diciembre y la empresa que maneja la concesión se constituyó el 23 de diciembre ante el notario 25 de Aguascalientes como Concesiones Integrales S.A. de C.V., propietaria de Agua de Puebla, sólo que el mismo 26 de diciembre se celebró un contrato de cesión de derechos entre el licitante ganador, Grupo Agua de México, en favor de la nueva sociedad Concesiones a la que cedió incondicionalmente los derechos derivados de la licitación para que adquiera el carácter de concesionario, sin estar aún registrada en el registro público ni en el SAT.

Los convenios modificatorios, por ley, a los contratos administrativos y títulos de concesión, no pueden alterar o modificar precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general nada que implique otorgar condiciones más ventajosas a un licítante de las que se establecieron originalmente.

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En el otorgamiento de concesiones de servicios públicos los derechos y obligaciones que se deriven de los mismos “no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualesquiera otra persona física o moral”, lo que por supuesto no sucedió.

Adicionalmente, al momento en que se efectuó la licitación se encontraba en proceso de litigio la rescisión de los contratos de prestaciones de servicios de operación de las 4 principales plantas de tratamiento de la capital poblana, por lo cual no se debió considerar como parte de la concesión el servicio de saneamiento.

Resulta evidente que el proceso de licitación Soapap-IC-001/2013 estuvo amañado y viciado desde el origen, ya que las fechas establecidas para todo el proceso no permitían sensatamente contar con el tiempo necesario para que otras empresas pudieran preparar propuestas técnicas y económicamente solventes.

Concesiones Integrales, a quien se benefició con la suscripción del título de concesión, se construyó con tres días de antelación al otorgamiento de la suscripción mencionada en el inciso próximo anterior, no obstante de no encontrarse inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como tampoco en el Registro Federal de Contribuyentes, requisitos mínimos necesarios para participar en cualquier licitación pública y lo más importante no cuenta con experiencia y capacidad técnica para operar este tipo de proyectos.

No obstante, la ilegalidad de la cesión de derechos, lo que jurídica y administrativamente la hace “nula”, pues no se puede realizar una cesión en un proceso licitatorio del servicio público, como el del agua potable.

Y Además en la misma concesión en favor de Concesiones Integrales se establece que dicho acto jurídico se otorga de manera “incondicional” siendo que el título de concesión establece una serie de condiciones y obligaciones, cuyo incumplimiento ahora no puede conllevar a la rescisión de la propia concesión.

Lo peor se dio con fecha 3 de julio de 2014, cuando el entonces director del Soapap, Manuel María Urquiza Estrada, suscribió un Convenio Modificatorio de la concesión otorgando cambios sustantivos y ventajosos, fuera de norma a Concesiones Integrales entre los que se encuentran:

Exclusión del inmueble para llevar a cabo la modernización de plantas de tratamiento, las obras de reubicación y el nuevo terreno lo otorgó el gobierno del estado; las inversiones de tres mil 884.2 millones de pesos que se debían realizar en 5 años pasaron a 10 años, por eso ahora Agua de Puebla está presionada para cumplir, se vence el plazo.

Además, se relajaron los estándares de operación de agua potable, micro medición y eficiencia en bloque; y en drenaje, cumplimento de la NOM 002, que pasó del 100 por ciento en el primer año al 100 por ciento en el año 10; cobertura y medición de aportación.

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La empresa como está ahora difícilmente cumplirá con los compromisos establecidos con el Soapap y lo que los técnicos vislumbran es que entrará en crisis, por ello su demanda al gobernador Barbosa de que les concedieran un aumento general del 16 por ciento al cobro del servicio que hoy es muy caro e irregular.

Lo suyo es un negocio que empezó a dejar de ser atractivo y por ahora han recuperado con creces su inversión inicial, sin cumplir con inversiones, compromisos técnicos, ampliación y mejora de la red.

El del agua es un problema, que como en otros estados y municipios del país, amenaza en Puebla en convertirse en un conflicto social y político. Pronto más información de los documentos oficiales.

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