Se ahoga Bonafont; la empresa invadida el domingo denuncia penalmente a grupo indígena

Para muchos alumnos de la Universidad de las Américas Puebla ayer fue “el último de mis primeros días de clases en la Udlap” porque terminarán su carrera en otra casa de estudios.

Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Jenkins, informó que el 3er Juzgado de Distrito emitió un ultimátum el pasado viernes, con carácter de inmediato, al juez 24 de los Civil de la CDMX para que cumpla la instrucción de ordenar el retiro de la fuerza pública y regresar las instalaciones universitarias a como se encontraban antes del 29 de junio, de lo contrario será multado con 100 unidades de medida y actualización y denunciado ante el Ministerio Público Federal por desacato.

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Sobre el tema, el gobernador Luis Miguel Barbosa afirmó:

“Ninguna opinión me merece, es un asunto judicial y las resoluciones judiciales entre las partes de un litigio se acatan y una autoridad política como soy yo no tiene opinión en los asuntos jurisdiccionales”.

Con un sólo problema, quien tiene la posesión es una oficina estatal llamada Junta al Cuidado de la Instituciones de Beneficencia Privada y el patronato de la Fundación que nombró en junio pasado.

Por lo pronto, la Fundación Mary Street Jenkins esperaba que le fuera devuelto el control físico de la UDLAP, ya que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil dio un ultimátum al juez 24 de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, para que acate la orden de suspensión que fue concedida el 16 de julio.

Explicó que, aunque el juez 24 se declaró incompetente para seguir atendiendo el caso UDLAP, el jueves pasado la Fundación denunció tal hecho y, en consecuencia, al día siguiente el Juzgado Tercero de Distrito ordenó a Yáñez Quiroz cumplir con su responsabilidad de intervenir y, solo en caso de que el juez 60, al cual pretendía turnar el expediente, haya tenido vista del asunto, también deberá hacerlo.

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El problema sigue en un periodo irregular de clases para miles de alumnos que tienen o tuvieron en la Udlap como una institución entrañable.

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La razón social Extra Gas SA de CV en Huejotzingo, es una de las cuatro distribuidoras de gas LP a nivel nacional que sobrepasaron el precio del gas máximo establecido por la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor

El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, en el “quién es quién en los precios”, informó que tras la supervisión se encontró una distribuidora en Puebla con domicilio en calle cuatro números, Parque Industrial San Miguel en Huejotzingo, que vendía a 27.48 pesos el gas LP en cilindro, pese a que el precio fijo era de 21.52 pesos.

“A partir de la semana pasada todos los gaseros están cumpliendo con los precios máximos, vamos a ver el detalle, me voy directamente a los cuatro únicos casos que encontramos, muy pocos para ser en todo el país”, dijo.

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El problema de Juan C. Bonilla empezó a escalar y generar problemas de ingobernabilidad porque pasó de una protesta pacífica a la toma violenta de la empresa Bonafont.

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La compañía precisó que el domingo, un centenar de ciudadanos acudieron a su planta embotelladora en autobuses comerciales e irrumpieron ilegalmente. Durante el hecho, se sabe que los presuntos responsables cometieron actos vandálicos, pues golpearon al personal de seguridad, saquearon las oficinas, y dañaron el pozo.

Ante esta situación, la compañía de agua precisó que las personas pusieron en riesgo su propia seguridad, así como la de la comunidad aledaña a la zona, pues también se incendiaron tablones y materiales, junto a espacios que resguardan sustancias inflamables.

Bonafont hizo un llamado para que las autoridades municipales y estatales cumplan con sus funciones, pues durante los hechos no hubo respuesta alguna, los policías jamás llegaron a pesar del ilícito que se cometió.

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La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dijo que son “inventos” los diferentes señalamientos sobre la salida del ex tesorero, Armando Morales Aparicio, quien renunció con otros cuatro directores que fueron sustituidos ayer.

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“Dimos a conocer la información que existe. Es la que ya escucharon de voz de él (Morales Aparicio) y la que escucharon en voz mía. Todo lo demás son inventos, son dinámicas de algunos personajes, incluso perversas, que no abonan a un proceso de pacificación, de buen clima de la sociedad”, expresó la alcaldesa.

Dijo que a su gobierno le corresponde dar garantías de un cierre adecuado, lo cual se cumplirá pues se lleva a cabo un buen manejo de las finanzas que logró terminar con la deuda pública y permitirá dejar recursos públicos para el inicio de la siguiente administración.

La respuesta tuvo destinatario y remitente.

*AR