Ayuntamiento defenderá a sus trabajadoras si la Fiscalía las acusa de la vandalización del 8M

Ante las advertencias legales, la victimización.

Ese será el método que empleará el Ayuntamiento de Puebla para enfrentar las incriminaciones en que trabaja la Fiscalía Estatal contra las mujeres, supuestamente trabajadoras municipales, que el 8M participaron en los desmanes contra edificios públicos y monumentos históricos.

Por lo pronto, colectivas feministas calificaron de riesgosa la persecución del gobierno estatal y lanzaron una alerta por la inminente represión del subsecretario de Gobernación, Ardelio Vargas Fosado, para desarticular el trabajo de coordinación con el Congreso del Estado. Encontraron ya, con nombre y apellido, a quien echarle la culpa, aunque no tenga vela en este entierro.

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Integrantes de la Coordinadora Feminista Puebla, REDefine Puebla, Coatlicue Siempreviva, Trans*versales y Tiamat Kuvi, emitieron una alerta por el posible agravamiento de actos de represión en los próximos días, rechazaron el intento de desarticulación y afirmaron que las declaraciones del gobierno tienen tintes electorales.

Las feministas insistieron que no todas las que marcharon el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, hicieron pintas y ataques a edificios públicos como el Congreso, la Fiscalía y paraderos de RUTA, sino las calificaron de una minoría de la derecha “fascista” infiltró en las movilizaciones.

Calificaron de falso lo declarado por la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, pues el gobierno no ha convocado a ninguna mesa interinstitucional con el gobierno federal, los municipios con mayor incidencia de feminicidios, y universidades, dijeron que se ha negado a dialogar con las ellas.

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Para que no quede duda de con quien están, dijeron que, por la cercanía de las elecciones, el gobierno estatal quiere utilizar el tema para atacar a quien considera su enemigo en la contienda, y señalaron como el objetivo y la víctima a Claudia Rivera.

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El gobernador Luis Miguel Barbosa corrigió la nueva Ley del Notariado, endureciendo algunos requisitos para el concurso de oposición para ganar la patente. Envió el martes al Congreso reformas a su ley, aprobada una semana antes, y promulgada en el Periódico Oficial hace 4 días.

Ahora para obtener una notaría se requiera una antigüedad mínima de diez años ejerciendo la abogacía y aprobar el examen con una calificación mínima de 8. La anterior exigía un título profesional con antigüedad mínima de diez, pero Barbosa eliminó ese requisito y ahora aplicará la antigüedad en el ejercicio de la profesión, sin precisar cómo se acreditará.

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La calificación mínima de 8 se exigía en la ley anterior, pero los diputados la redujeron a 7, por lo que en la discusión de la nueva ley las bancadas de oposición advirtieron que la medida era un retroceso. Diputados de Morena y PT defendieron que facilitar la creación y asignación de notarías permitiría a litigantes en general poder acceder a una patente.

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En las condiciones generadas por la pandemia de Covid-19, las mujeres y hombres que participan en la organización de los procesos electorales federal y local contarán con la atención médica necesaria por parte de los servicios de salud del estado.

En la firma del Convenio de Colaboración en la materia entre la Secretaría de Salud, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado, el gobernador Barbosa señaló que los colaboradores de los órganos comiciales están en riesgo ante las condiciones por el coronavirus, por lo que la atención médica que ofrecerá su gobierno no solo será para la detección y tratamiento del virus, sino en general.

Marcos Rodríguez del Castillo, presidente del Consejo Local del INE, resaltó que este convenio beneficiará a cerca de 3 mil empleadas y empleados, quienes están visitando a 612 mil 896 personas que resultaron sorteadas y que podrán ser funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla.

En la comunidad de San Francisco Ixquihuacan, del municipio de Ahuacatlán, se generó un problema por los policías estatales, patrulla 1316.

Relatan que a la comunidad llegaron 4 elementos de la policía estatal con sede en Amixtlán a las 15:20 horas del sábado pasado, en la cual sobreviven de la leña y madera para la construcción.

Dos trabajadores cortaban 2 ocotes con el permiso correspondiente, pero los oficiales revisaron el documento, que no avalaron a pesar de que fue extendido por la autoridad y exigieron cinco mil pesos a estas personas de recursos bajos.

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Ellos se negaron, por lo cual el oficial Sánchez les exigió tres mil pesos, en un lapso de 30 minutos, con la garantía de un trabajador, apuntándole con un arma para que el otro fuera por el dinero.

La población se reunió al lugar para evitar el abuso de la autoridad. La gente está molesta por estas prácticas que realizan los oficiales, ya que el pasado 20 de febrero también arribaron con la misma intención y en enero ocurrió otro suceso similar, lo cual no se les ha permitido hasta el momento.

¿Dónde están los jefes policiacos para evitar estos abusos? ¿O son ellos los que los mandan a los policías a intimidar a gente pobre e indígena?

*AR