La reforma de Claudia Sheinbaum para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó en la Cámara de Diputados, pero enfrenta diferencias dentro del propio bloque oficialista. Legisladores del Partido Verde plantean reducir el alcance de la prohibición, mientras la oposición advierte que podría restringir derechos políticos de mexicanos con doble ciudadanía.
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen el 8 de septiembre con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y cinco en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El documento pasará al Pleno, donde necesitará una mayoría calificada para continuar su ruta constitucional.
¿Qué cambiaría para los candidatos con doble nacionalidad?
La iniciativa propone modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Las personas que busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal o estatal deberán ser mexicanas por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
Quienes posean una segunda ciudadanía tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, de acuerdo con las reglas que establezca la legislación correspondiente. La exigencia también alcanzaría a quienes aspiren a gobernar la Ciudad de México.
Durante el ejercicio del cargo, los titulares no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta de la mexicana, utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
La medida está dirigida a esos cargos ejecutivos. El reconocimiento general de la doble nacionalidad para los mexicanos por nacimiento permanece en el marco constitucional.
El PVEM plantea limitar la reforma a la Presidencia
El respaldo obtenido en comisión contrasta con las reservas expresadas por legisladores del Partido Verde en el Senado. Su coordinador, Manuel Velasco, reconoció que la bancada no ha alcanzado un consenso y que algunos integrantes tienen inquietudes sobre los términos de la propuesta.
Entre las alternativas discutidas por legisladores verdes figura limitar la restricción a la Presidencia de la República y dejar fuera a quienes busquen gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El senador Luis Armando Melgar ha cuestionado la iniciativa por considerar que afecta derechos políticos de mexicanos que viven en Estados Unidos. Las diferencias cobran relevancia porque una reforma constitucional requiere el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara.
Morena defiende la medida por soberanía nacional
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que los titulares de los poderes ejecutivos deben responder únicamente a los intereses de México. Su propuesta busca evitar posibles conflictos entre las obligaciones de un gobernante y las derivadas de otra ciudadanía.
En la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada morenista Katia Alejandra Castillo Lozano defendió que quienes encabecen un Poder Ejecutivo deben responder exclusivamente al país, sus instituciones y su población.
El argumento del oficialismo se centra en la responsabilidad de los cargos y en la necesidad de establecer una regla constitucional específica para quienes ejercen las máximas funciones ejecutivas.
PAN, PRI y MC cuestionan la restricción de derechos
Los diputados del PAN solicitaron un Parlamento Abierto, consultas con especialistas y representantes de mexicanos residentes en el extranjero, además de opiniones técnicas sobre los alcances de la reforma. Al ser rechazadas las propuestas, abandonaron la reunión de la comisión.
Federico Döring cuestionó que no se escuchara a los connacionales que poseen otra nacionalidad. Legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano también argumentaron que tener dos ciudadanías no significa defender menos los intereses de México.
La oposición considera que la medida podría afectar a personas cuya segunda nacionalidad deriva de su nacimiento o de sus vínculos familiares, y sostiene que las restricciones deben analizarse a la luz de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior.
La reforma también alcanzaría a políticos de Morena
El debate ha colocado bajo la lupa a figuras de distintos partidos. El exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien posee nacionalidad mexicana y estadounidense, ha interpretado la propuesta como una medida dirigida contra sus posibles aspiraciones presidenciales.
El empresario Ricardo Salinas Pliego también ha vinculado públicamente el proyecto con sus eventuales aspiraciones políticas. Dentro del oficialismo, el senador Javier Corral, nacido en El Paso, Texas, figura entre los políticos cuya situación de doble nacionalidad ha sido objeto de debate.
En 2024, el Tribunal Electoral examinó el caso de Corral y concluyó que su doble nacionalidad no impedía su elegibilidad tras acreditar la renuncia a derechos y vínculos de protección de Estados Unidos. La nueva propuesta plantea requisitos distintos para los cargos ejecutivos que contempla.
¿Cuándo entraría en vigor y qué falta por aprobar?
Los artículos transitorios establecen que las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes estén ejerciendo los cargos señalados cuando la reforma entre en vigor.
Una vez vigente, el Congreso tendría 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. El dictamen contempla que las reservas y votos particulares sean discutidos por el Pleno de la Cámara de Diputados.
La ruta legislativa prevé dar publicidad al documento el 9 de septiembre y discutirlo posteriormente, con el 22 de septiembre como fecha prevista para su votación. Para convertirse en reforma constitucional, deberá obtener mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
El resultado dependerá de los acuerdos entre Morena, sus aliados y el resto de las fuerzas políticas. La discusión definirá si la exigencia de nacionalidad única se mantiene para los tres tipos de cargos o si su alcance cambia durante el proceso legislativo.
*BC
