La crisis política que envuelve al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue escalando y ahora encuentra un fuerte eco en la opinión pública nacional. Una encuesta de Massive Caller reveló que 77.7 por ciento de los mexicanos está a favor de que sea extraditado a Estados Unidos, luego de los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El dato coloca a Rocha Moya en uno de los niveles más altos de rechazo ciudadano registrados recientemente para un mandatario estatal, en medio de un proceso diplomático y judicial que mantiene tensión entre México y Estados Unidos.
Encuesta Massive Caller muestra amplio respaldo a la extradición de Rocha Moya
De acuerdo con el ejercicio demoscópico difundido tras la acusación estadounidense, solo 22.3 por ciento de los encuestados considera que el gobierno mexicano no debería entregarlo a las autoridades de EU.
Es decir, prácticamente ocho de cada diez ciudadanos respaldan que enfrente la justicia norteamericana si se formalizan los cargos en su contra.
La cifra contrasta con la postura asumida por el gobierno federal.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Secretaría de Relaciones Exteriores han insistido en que, por ahora, no existe una solicitud formal de extradición sustentada con pruebas contundentes, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición que fue turnada a la Fiscalía General de la República para revisión.
El 87.2% cree que Rubén Rocha Moya debe renunciar al cargo
La encuesta de Massive Caller no solo midió la percepción sobre una posible entrega a Estados Unidos.
También preguntó si Rocha Moya debería dejar definitivamente el gobierno de Sinaloa tras los señalamientos y el resultado fue todavía más demoledor:
87.2 por ciento considera que debe renunciar, mientras apenas 12.8 por ciento opina que debería mantenerse.
Este rechazo coincide con el momento en que el mandatario solicitó licencia temporal en medio de la tormenta política, mientras Morena intenta contener el costo nacional del escándalo.
La ausencia de Rocha del escenario público y su separación provisional del cargo no han frenado el desgaste de imagen; por el contrario, la percepción social parece endurecerse conforme aparecen nuevos detalles del caso.
Más del 72% de mexicanos cree que Rocha Moya sí es culpable
Otro dato contundente del sondeo es la presunción de culpabilidad instalada en la opinión pública.
Según Massive Caller:
- 72.5 por ciento cree que Rubén Rocha Moya sí es culpable de delitos relacionados con narcotráfico;
- 19.9 por ciento lo considera inocente;
- y 7.6 por ciento señala que no tiene información suficiente.
En términos políticos, esto significa que el gobernador enfrenta no solo una investigación binacional, sino una sentencia anticipada en el tribunal de la percepción pública.
En comunidades digitales, el tema ha derivado incluso en debates sobre si el gobierno federal está retrasando deliberadamente el proceso, mientras buena parte de usuarios da por hecho que la extradición terminará ocurriendo tarde o temprano.
Gobierno federal insiste: no hay pruebas suficientes para detenerlo
Pese al rechazo ciudadano, la postura oficial no se ha movido.
Este lunes, la Consejería Jurídica de Presidencia y la FGR reiteraron que la solicitud enviada por Washington:
- no acredita urgencia;
- no aporta elementos probatorios sólidos;
- y no cumple aún con todos los requisitos del tratado bilateral para ejecutar una detención provisional.
Por ello, México pidió al Departamento de Justicia estadounidense ampliar documentación antes de decidir cualquier paso procesal.
La presidenta Sheinbaum sostuvo además que no puede actuarse solo por presión mediática o política sin evidencia judicial plena.
Caso Rocha Moya exhibe divorcio entre postura oficial y sentir ciudadano
La encuesta de Massive Caller deja ver un fenómeno político relevante:
mientras el gobierno federal pide cautela jurídica, la mayoría de la población ya tomó posición.
Para una gran parte de los mexicanos, Rubén Rocha Moya no solo debería apartarse del cargo, sino responder ante tribunales estadounidenses.
Ese desfase entre legalidad institucional y condena social convierte el caso en una bomba política para Morena, especialmente si Estados Unidos endurece en los próximos días la presión diplomática con nuevas pruebas o una solicitud formal de extradición.
*OCR
