La acusación contra Rubén Rocha Moya en Nueva York detonó este 29 de abril un nuevo terremoto político entre México y Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense formalizara cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad.
El expediente judicial, identificado como S9 23 Cr. 180 (KPF) y radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los señalados habrían operado durante años una red de protección institucional a favor del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, a cambio de respaldo político, sobornos y control territorial.
La revelación sacudió de inmediato el escenario nacional, debido a que se trata de la primera vez que una corte federal de Estados Unidos acusa formalmente a un gobernador mexicano en funciones por supuesta conspiración directa con una organización criminal internacional.
Corte de Nueva York acusa a Rubén Rocha Moya de conspirar para traficar drogas
De acuerdo con la denuncia presentada ante un Gran Jurado federal, las autoridades estadounidenses determinaron que existía causa probable para imputar a Rubén Rocha Moya por presuntamente colaborar en el envío masivo de:
- fentanilo
- heroína
- cocaína
- metanfetamina
hacia territorio estadounidense.
Además, el Departamento de Justicia lo relaciona con delitos asociados a posesión y conspiración para facilitar el uso de ametralladoras y artefactos explosivos dentro del esquema criminal que habría protegido en Sinaloa.
Según la acusación, el gobernador no habría actuado de manera aislada, sino como parte de una estructura de funcionarios estatales y operadores políticos que permitieron consolidar corredores seguros para el tráfico internacional de drogas.
Los Chapitos habrían respaldado campaña electoral de Rocha Moya
Uno de los puntos más delicados del expediente señala que la campaña de Rubén Rocha Moya en 2021 presuntamente recibió apoyo directo de la facción encabezada por:
- Iván Archivaldo Guzmán Salazar
- Jesús Alfredo Guzmán Salazar
- Ovidio Guzmán López
La acusación afirma que integrantes del grupo criminal intimidaron a candidatos opositores, manipularon casillas y operaron acciones de presión territorial para asegurar condiciones favorables al entonces candidato de Morena.
Posteriormente, ya instalado en el poder, Rocha Moya habría permitido —según la versión de la fiscalía estadounidense— que la organización criminal colocara perfiles afines en zonas estratégicas del aparato de seguridad, además de recibir información privilegiada sobre movimientos de autoridades y adversarios políticos.
Enrique Inzunza y Enrique Díaz Vega también aparecen entre los acusados
La investigación no se limita al mandatario sinaloense. También fueron señalados:
- Enrique Inzunza Cazárez
- Enrique Díaz Vega
Ambos aparecen en el documento como presuntos enlaces gubernamentales entre la administración estatal y Los Chapitos.
En el caso de Inzunza Cazárez, la fiscalía sostiene que habría sostenido reuniones con miembros del cártel para coordinar decisiones institucionales favorables al grupo delictivo.
Mientras tanto, Díaz Vega es mencionado como operador encargado de compartir datos sobre opositores políticos, movimientos electorales y apoyos logísticos que beneficiaran la consolidación del proyecto político de Rocha Moya en 2021.
Fiscalía de Estados Unidos documenta uso de fuerzas de seguridad para blindar cargamentos
El expediente judicial también describe un patrón sistemático de corrupción en el que, presuntamente, cuerpos de seguridad de Sinaloa fueron utilizados para:
- escoltar cargamentos de droga,
- proteger reuniones de integrantes del cártel,
- alertar sobre operativos,
- y facilitar la evasión de acciones federales.
Bajo esta hipótesis, el gobierno estatal habría servido como una especie de muro institucional para permitir la expansión internacional del Cártel de Sinaloa, organización que Estados Unidos sigue considerando una de las redes criminales más violentas y sofisticadas del planeta.
Rubén Rocha Moya rechaza imputaciones y habla de ataque político
Tras hacerse pública la acusación, Rubén Rocha Moya respondió mediante redes sociales y rechazó “categórica y absolutamente” todos los señalamientos.
El mandatario aseguró que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento” y sostuvo que el proceso judicial representa una ofensiva política no solo contra su persona, sino contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
La postura abrió de inmediato una confrontación diplomática, mientras desde la cancillería mexicana comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la solidez de las pruebas presentadas por Estados Unidos.
Acusación contra Rubén Rocha Moya abre crisis política binacional
La acusación contra Rubén Rocha Moya en Nueva York no solo coloca al gobernador en el centro de una posible batalla judicial internacional, sino que revive el debate sobre la infiltración del narcotráfico en estructuras gubernamentales mexicanas.
Además, la noticia ya generó fuerte reacción en redes y foros digitales, donde predominan mensajes de indignación, exigencias de extradición y críticas a la respuesta oficial mexicana, reflejando el enorme impacto social y mediático del caso.
En caso de que la fiscalía estadounidense logre sostener los cargos ante la jueza federal encargada del caso, el gobernador sinaloense podría enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, lo que convertiría este proceso en uno de los expedientes más explosivos de la relación bilateral reciente entre ambos países.
