El Estado imputó presuntos delitos sólo a Guillermo Aréchiga, el caso de Francisco Romero es familiar

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención de Guillermo N., exsecretario de Movilidad y Transporte, e informó que esto deriva de las imputaciones que hizo la administración estatal en su contra por posibles irregularidades.

Barbosa Huerta comentó que será este martes primero de marzo cuando se realice la audiencia de imputación, y posteriormente habrá un periodo para resolver la vinculación a proceso.

Cuestionado sobre si dentro de los actos denunciados se encuentra la venta de concesiones y otras irregularidades sobre la modernización de unidades del transporte público, Barbosa Huerta evitó dar más detalles.

"No debo de opinar, porque está en curso, una vez que hay una detención, vendrá la audiencia de imputación, debe de ser el mismo día de hoy, y después viene un periodo para resolver la vinculación a proceso, si se trata de asuntos de irregularidades cometidas por el servidor público que hoy está detenido", declaró.

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Barbosa Huerta aseguró que siguen otros procesos judiciales en contra de exservidores públicos como Jorge Cruz Bermúdez, quien fue titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) en administraciones anteriores.

En otro tema, Barbosa Huerta dijo que no fue la administración estatal la que realizó las denuncias en su contra, y en el caso de las acusaciones por violencia familiar dijo que fue un hecho público.

"No fue el gobierno del Estado el que presentó una denuncia contra el auditor, no es así, nosotros, el poder ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia contra el auditor, el otro tema de violencia familiar es derivado de un hecho público escandaloso y este tema, el otro, del proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, se arranca con indagatorias", dijo.

El gobernador aclaró que la ausencia de Francisco Romero al frente de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) no consiste en un mes, sino que, la suspensión que dicta un juez de control, no tiene plazo.

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