Puebla, Pue.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, solicitó al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, información relacionada con el juez Enrique Romero Razo, quien favoreció a Manuel Forcelledo, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert.
Durante una declaración pública, el mandatario estatal señaló que el nuevo titular del Consejo de la Judicatura tiene la responsabilidad de impulsar una depuración interna dentro del Poder Judicial. Además, afirmó que esta acción resulta necesaria para garantizar una correcta aplicación de la ley y evitar irregularidades que afecten a las víctimas.
Armenta pide transparencia y legalidad
Alejandro Armenta expresó que existe un procedimiento en marcha contra el juez Enrique Romero Razo por presuntas irregularidades cometidas durante su actuación judicial. Por ello, pidió respetuosamente que el Poder Judicial Puebla informe sobre las acciones de revisión y depuración que actualmente realiza.
El mandatario subrayó que los tres poderes del Estado tienen la obligación de actuar con responsabilidad y justicia. También destacó que cuando un servidor público incumple la ley, debe enfrentar mecanismos de vigilancia y sanción institucional.
Asimismo, recordó que en el Poder Ejecutivo existen órganos internos y externos encargados de supervisar el actuar de los funcionarios públicos, entre ellos la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
Caso Karla López sigue generando indignación
En mayo de 2021, Manuel Forcelledo y sus cómplices recibieron una sentencia de 76 años de prisión tras ser encontrados culpables de violación, aborto y feminicidio contra Karla López Albert, quien tenía cinco meses de embarazo.
Sin embargo, recientemente Enrique Romero Razo otorgó prisión domiciliaria a Forcelledo. El juez solicitó licencia del 11 al 14 de mayo y dejó instrucciones para que su secretaria encabezara la audiencia de revisión de medidas cautelares realizada el 12 de mayo, situación que provocó indignación pública.
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