Colectivos critican plan de Sheinbaum y exigen justicia para desaparecidos

“¿Qué parte de ‘sin las familias no’, no les ha quedado claro?”, cuestiona Grace Fernández Morán, integrante de Buscando Desaparecidos México (Búscame) y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), ante el reciente anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo sobre nuevas medidas para enfrentar la crisis de desaparecidos en México.

Fernández Morán, quien ha vivido la desaparición de su hermano Dan Jeremeel en 2008 a manos del Ejército en Torreón, Coahuila, resalta que lo propuesto por la presidenta no son iniciativas nuevas, sino pendientes que se arrastran desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda en 2017, ambos instrumentos que fueron impulsados por las propias familias de las víctimas.

De acuerdo con Fernández Morán, las iniciativas anunciadas por la presidenta no son más que una reiteración de promesas que han quedado sin cumplir durante años. La Ley General fue concebida con el esfuerzo de las familias de desaparecidos, que trabajaron codo a codo con las autoridades para que entrara en vigor, pero hasta ahora, no ha sido respaldada por la acción efectiva que se requiere.

Como ella misma explica, tanto la ley como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) —instrumento clave para identificar a las víctimas de desaparición— fueron concebidos como herramientas fundamentales para combatir la impunidad, pero estas herramientas no han sido implementadas correctamente. El MEIF fue instaurado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el propósito de abordar la crisis de desaparecidos, pero se disolvió hacia el final de su mandato, lo que impidió que alcanzara su máximo potencial. Lo mismo ocurrió con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), otra estructura destinada a la identificación de las víctimas.

Pendientes históricos y falta de respaldo

Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, las familias de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos han solicitado que se retome la Ley General y se apoye al Sistema Nacional de Búsqueda con recursos, capacidad y voluntad política. Sin embargo, Fernández Morán enfatiza que el problema principal es la falta de compromiso real para implementar estas leyes y medidas, y lo que ha sucedido es que, al final, las promesas quedan en el papel. La presidenta, por su parte, ha reiterado su compromiso con la atención de la crisis de desapariciones, pero las familias siguen sin sentir que sus exigencias sean tomadas en cuenta de manera genuina.

El reciente anuncio de Sheinbaum de tomar nuevas medidas para enfrentar las desapariciones ha sido percibido como un intento de dar una respuesta rápida ante la crisis, pero Fernández Morán asegura que las nuevas medidas no representan una solución estructural al problema, sino que son solo una reformulación de lo que ya se había propuesto anteriormente. “Son pendientes de hace años”, declara Fernández Morán. De hecho, la ley entró en vigor en 2017, pero su aplicación real ha sido limitada y poco efectiva. Por lo tanto, la presidenta no está presentando soluciones novedosas, sino simplemente poniendo al día propuestas que ya deberían estar implementadas.

Críticas a la falta de acciones concretas

En la misma línea, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien ha asesorado a familias de desaparecidos, también cuestiona las propuestas de Sheinbaum. Gutiérrez subraya que el problema no radica en la creación de nuevas leyes, sino en la falta de aplicación de las leyes existentes. El especialista señala que las desapariciones forzadas en México son un problema híperdiagnosticado, es decir, ya se conocen las causas y soluciones a través de múltiples informes internacionales, como los del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de diversas organizaciones civiles. El hecho de que las autoridades aún no hayan actuado de manera concreta, señala, refleja una desconexión con las realidades del país y una falta de voluntad para abordar el problema en su raíz.

Gutiérrez Contreras también critica que el gobierno se enfoque en medidas superficiales y cosméticas, como la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, sin abordar los problemas estructurales que subyacen a la crisis. La impunidad de las autoridades involucradas en las desapariciones sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la justicia. “Lo que necesitamos es que se combata la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia, y que se castigue a los responsables de desapariciones forzadas dentro del aparato estatal”, afirma Gutiérrez.

En su crítica, el director jurídico también señala que los funcionarios responsables de desapariciones, como policías, soldados y miembros de la Guardia Nacional, siguen operando con impunidad, lo que demuestra que las autoridades no han querido o no han sabido investigar a fondo la complicidad de las fuerzas del Estado con los grupos criminales. Para Gutiérrez, este es uno de los principales problemas que las autoridades no están dispuestas a abordar, a pesar de que los informes internacionales han señalado repetidamente esta complicidad.

Propuestas que no abordan lo esencial

Gutiérrez Contreras también señala que, en lugar de proponer nuevas reformas a las leyes existentes, el gobierno debería centrarse en implementar las leyes ya aprobadas. En cuanto a la Ley General de Desaparición, esta ya establece la búsqueda inmediata de cualquier persona desaparecida, sin necesidad de esperar 72 horas, lo que es fundamental para evitar que las víctimas se desintegren en el sistema de impunidad. Gutiérrez critica que la presidenta Sheinbaum no haya propuesto un reforzamiento de los servicios forenses, uno de los aspectos más críticos para la identificación de los desaparecidos, y en su lugar se enfoque en una equiparación con el secuestro, lo cual desnaturaliza la desaparición forzada.

El defensor también considera que las propuestas de Sheinbaum en relación a la Base Nacional Forense y los protocolos de búsqueda e investigación son en su mayoría redundantes, ya que estos elementos ya están contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, pero no se han implementado adecuadamente. El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), por ejemplo, debería ser una obligación del Estado y no una medida que se presente como iniciativa.

La intervención internacional: una necesidad urgente

Ante la gravedad de la situación, Gutiérrez Contreras y otras organizaciones civiles han solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas. La magnitud de la crisis de desapariciones en México ha llegado a niveles tan alarmantes que la intervención internacional se ha vuelto urgente. El defensor insiste en que México no puede seguir enfrentando solo este problema y que es necesario el apoyo de la comunidad internacional para detener la tragedia humanitaria que se vive en el país.

De hecho, Gutiérrez Contreras explica que la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada establece que cuando las desapariciones se practican de manera generalizada, la Asamblea General de las Naciones Unidas debe actuar, estableciendo un monitoreo y presionando a México para que asuma acciones prioritarias. “Se debe reconocer que en México las desapariciones se practican de manera generalizada y, por tanto, deben ser tratadas como un crimen de lesa humanidad”, concluye Gutiérrez.

La crisis de desapariciones en México sigue siendo uno de los problemas más graves del país, y aunque las autoridades siguen haciendo promesas, los familiares de las víctimas exigen que esas promesas se conviertan en acciones concretas, cambiando la realidad de las víctimas y enfrentando la impunidad estructural que perpetúa este crimen de Estado.

Con información de Proceso

*BC