Puebla, Pue.- La crisis política y administrativa que enfrenta Acatlán de Osorio podría provocar la salida de la alcaldesa Lupita Lucero Bárcenas y de todos los integrantes del Cabildo, si no se logra un acuerdo para restablecer la gobernabilidad municipal.
Ante la falta de consensos, el Congreso del Estado de Puebla podría intervenir para conformar un Concejo Municipal, instancia que asumiría las funciones del Ayuntamiento. Hasta el momento, las autoridades no han definido quiénes podrían integrar este órgano ni los mecanismos para garantizar que sus integrantes sean ajenos a intereses partidistas.
Gobernación confirma que existe una alternativa
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que el Gobierno estatal analiza la posibilidad de remover a la presidenta municipal y al Cabildo. Sin embargo, enfatizó que esta opción forma parte de las alternativas que se estudian para recuperar la estabilidad en Acatlán.
La confrontación aumentó después de que regidores y el síndico municipal solicitaron al Congreso local iniciar la revocación de mandato de la alcaldesa. Mientras tanto, habitantes inconformes han mantenido movilizaciones relacionadas con la situación que atraviesa el Ayuntamiento.
Diputado plantea perfiles externos al Ayuntamiento
El legislador Andrés Villegas Mendoza explicó que, si finalmente se determina instalar un Concejo Municipal, quienes lo integren tendrían que ser personas ajenas al actual entorno político del Ayuntamiento.
El propósito, indicó, sería impedir que los conflictos existentes entre los integrantes del Cabildo condicionen las decisiones y permitir una conducción enfocada en recuperar la gobernabilidad municipal.
Regidora rechaza remover a todo el Cabildo
La propuesta generó una respuesta inmediata de la regidora Juliana Isabel Jiménez Velázquez, quien el 6 de agosto manifestó su rechazo a la instalación de un Concejo Municipal.
La integrante del Cabildo sostuvo que el procedimiento promovido ante el Congreso fue dirigido únicamente contra Lupita Lucero Bárcenas, no contra todos los regidores.
Por ello, pidió que el Congreso conduzca el análisis bajo principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, y que la resolución se limite a los señalamientos planteados contra la presidenta municipal.
*ARD
