Puebla, Pue. La coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, Esther Martínez Romano, se pronunció a favor de que las personas con discapacidad sean incluidas de manera real en la toma de decisiones públicas, a través de mecanismos de consulta ciudadana que garanticen su participación efectiva en los asuntos que les afectan directamente.

La legisladora señaló que, pese a los avances en materia de inclusión, aún persiste la simulación en los procesos de participación, ya que las personas con alguna discapacidad no siempre son tomadas en cuenta de manera auténtica en el diseño de políticas públicas, especialmente en el estado de Puebla.

En este sentido, destacó la importancia de que las autoridades generen condiciones reales para escuchar y atender las necesidades de este sector de la población, el cual históricamente ha sido relegado en la toma de decisiones, a pesar de ser directamente afectado por diversas disposiciones legales y administrativas.

Como parte de su postura, Martínez Romano presentó una iniciativa para reformar la legislación local, proponiendo la adición de un capítulo específico, el cuarto al sexto, dentro de la ley para las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de consulta y participación de este grupo en los asuntos públicos.

Opiniones a considerar 

La propuesta busca establecer lineamientos claros para que las autoridades estén obligadas a considerar la opinión de las personas con discapacidad en la elaboración de leyes, programas y políticas públicas, particularmente en aquellos temas que impacten de manera directa su calidad de vida.

“Ninguna decisión pública que afecte derechos a quienes viven todos los días las barreras físicas que persisten en la sociedad, hablar de discapacidad se redujo a una existencia”, expresó la legisladora al señalar la necesidad de transformar la visión asistencialista hacia un enfoque de derechos humanos e inclusión plena.

Asimismo, subrayó que una sociedad verdaderamente democrática es aquella en la que todas las voces son escuchadas, especialmente aquellas que históricamente han sido invisibilizadas, como es el caso de las personas con discapacidad.

Martínez Romano insistió en que la participación ciudadana no debe limitarse a un ejercicio simbólico, sino convertirse en una herramienta efectiva de incidencia en la toma de decisiones, garantizando así el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los principios de inclusión e igualdad.

Hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un marco jurídico más incluyente que reconozca y garantice la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública en Puebla.