Puebla, Pue. Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín” confirmó que Néstor Camarillo Medina es su compadre.

Sin embargo dijo desconocer si tiene vínculos con alguna red delincuencial por la que fue señalado el senador como “narcopolítico”.

Reconoció que los lugareños de Quecholac están molestos con Camarillo Medina por la supuesta relación que tiene con grupos delincuenciales, además de que se hizo pasar como “indígena” para lograr tener el cargo por la vía plurinominal.

Somos compadres

“Sí es mi compadre, fuimos en una ocasión porque me invitó a ser padrino de una de sus camionetas, pero eso no tiene nada que ver que me quieran relacionar con él, con todo respeto se lo digo a Néstor: ponte a trabajar en el campo, quieres ir por algo más grande, pero la verdad no te van a alcanzar los votos”, externó Antonio Valente.

Le recordó a Néstor Camarillo que la misma gente del municipio de Quecholac lo dejó de querer por todo lo que ha hecho, como hacerse pasar como indígena para tener su plurinominal.

“En Quecholac la gente no se expresa bien de ti porque no sé si los olvidaste, si en tu trienio cuando fuiste presidente municipal no trabajaste bien, lo dice la gente. Aclarando, sí es mi compadre, hace muchos años”, dijo.

Los vínculos

La figura del senador poblano Néstor Camarillo Medina fue ligada con estructuras delictivas que operan en la región del llamado “Triángulo Rojo” en el estado de Puebla, ganado el título de "narcopolítico".

Los señalamientos se remontan a la etapa en que Camarillo Medina militaba activamente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se desempeñaba como presidente municipal de Quecholac.

En ese periodo, algunos reportes lo mencionaron como supuesto operador político con vínculos hacia grupos dedicados al robo de combustible —conocido popularmente como huachicol— particularmente con el líder regional apodado “El Toñín”, así como con presuntas conexiones indirectas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hasta el grupo delictivo de “El Bukanas”.

Quecholac y municipios aledaños han sido señalados durante años como puntos estratégicos para la extracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Pemex. 

La presencia de grupos delictivos en esa zona generó una compleja red de intereses económicos, sociales y políticos que ha salpicado a distintos actores públicos, sin distinción partidista.