La Fiscalía de Puebla confirmó que, en resolución emitida por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal de Alzada, se determinó imponer a Javier López Zavala una pena de 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada y activista, Cecilia Monzón.
De acuerdo con la FGE, la resolución establece que López Zavala y sus dos cómplices tendrán que pagar cada uno, una multa equivalente a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente a la época de los hechos, misma que se hará efectiva conforme a los términos que determine el Juez de Ejecución.
Cecilia Monzón fue asesinada la mañana del 21 de mayo de 2022, a bordo de su camioneta cuando hizo alto total en el semáforo que está en el cruce de Camino Real a Momoxpan, en San Pedro Cholula. Jair N., quien conducía una motocicleta, le dio alcance a la camioneta para que su acompañante Silvestre N., disparara el arma de fuego. Cecilia Monzón murió de inmediato por seis impactos de bala.
Los delincuentes huyeron del lugar, pero tras las investigaciones, la FGE de Puebla logró dar con su paradero. En sus declaraciones, Jair N. señaló a su tío Javier López Zavala, ex candidato priista a la gubernatura de Puebla, de entregarle el arma y la motocicleta, mientras que él contrató a Silvestre N., para disparar a la abogada Cecilia Monzón.
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El gobernador Alejandro Armenta encabezó la séptima Mesa de Diálogo con Madres Buscadoras, donde refrendó su compromiso de atender sus peticiones y afianzar las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de sus seres queridos. Afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad para su administración y sostuvo que no se escatimarán recursos para fortalecer las acciones.
Solicitó a la Secretaría de Gobernación dar seguimiento al uso de los vehículos destinados a las labores de búsqueda, con el propósito de garantizar que cumplan la función para la cual fueron contratados y que las herramientas disponibles estén al servicio de las familias.
Ante las madres buscadoras, el gobernador reiteró que su administración mantendrá una escucha permanente y trabajará para mejorar los recursos y condiciones de los equipos de búsqueda. También enfatizó que combatirá la lentitud en los procesos para brindar una atención más humana, ágil y sensible a quienes atraviesan la ausencia de un ser querido.
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La tensión entre familiares de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" creció tras nuevos testimonios difundidos en redes sociales, en los que madres de familia aseguran que alumnas de nuevo ingreso son obligadas a grabar videos para afirmar que se encuentran bien.
Una de las madres afirmó que logró comunicarse con su hija el jueves 20 de agosto y que, de acuerdo con lo que le habría informado, integrantes del consejo estudiantil presionaban a las estudiantes para participar en dichas grabaciones. La madre denunció que los videos difundidos públicamente representen las condiciones reales que, según su versión, enfrentarían algunas estudiantes al interior de la institución.
Atribuyó las acciones al consejo estudiantil y mencionó a una persona identificada como Alejandro de Jesús Martínez, a quien señaló de tener influencia y de brindar apoyo a las acciones denunciadas. "Bajo el argumento de autonomía, el consejo estudiantil está haciendo lo que quiere con nuestras hijas, bajo las órdenes y el apoyo de un sujeto llamado Alejandro de Jesús Martínez", manifestó.
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