¿Cárcel a la libertad de expresión?

¿Se atreverá el Congreso Local a sancionar con cárcel la libertad de manifestación?

A casi dos meses, del cambio de legislatura, el diputado local de Morena, Fernando Sánchez Sasia, presentó una propuesta de reforma para castigar hasta con cuatro años de cárcel a los manifestantes que bloquen las vialidades en el estado, sin previo aviso.

El diputado de Tehuacán subió a tribuna y presentó la modificación al Código Penal del Estado. Propone prisión de 3 días y hasta 4 años, a la gente que, “con ayuda de medios materiales de transporte, de carga o similares, bloqueen, cierren o detengan, limiten, desvíen o intercepten el tráfico vehicular en vías públicas, contrariando los usos autorizados por la ley”.

Aunque el morenista consideró que en el estado está garantizada la libertad de expresión de todos los ciudadanos, calificó como injusto que los bloqueos sin previo aviso afecten a terceras personas, y en actividades como el traslado de pacientes de urgencia, mercancías y demás artículos que puedan sufrir daños severos. Ante esto, quienes realicen cierres de avenidas o calles deben avisar a las autoridades correspondientes mediante un escrito en términos de la Ley de Vialidad del Estado.

Fernando Sasia expuso que la modificación a la normativa también tiene el objetivo de buscar otros mecanismos para disolver conflictos sin el cierre de vialidades: “No busca solo castigar, sino también crear conciencia en que, el medio para la solución de conflictos, no debe ser el cierre de vialidades, sino el diálogo, la prudencia y el respeto a terceros”, puntualizó.

La Constitución garantiza la libertad de expresión y de manifestación y los ciudadanos toman estas medidas como los cierres en una forma de presión ante gobiernos que no los escuchan. No será fácil que pase esta iniciativa, sin que instancias federales consideren que se violan en Puebla los Derechos Humanos.

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El pasado jueves en un edificio del gobierno del estado se abrió la sala que rinde homenaje a quienes han sido Secretarios de Gobernación en la entidad. Hay políticos de todos sabores y estilos, pero uno ya generó un escándalo que quizá obligue a la administración a quitar su cuadro o a cerrar para el público el lugar.

“Han inaugurado la sala de Secretarios de Gobernación, han incluido en ella, para honrarlo, la imagen del feminicida presunto de mi hermana #CeciliaMonzón

“Su nombre es Javier López Zavala, fue secretario de Mario Marín.

“Me parece un insulto a los 2 años de lucha que llevamos. Un insulto a mi familia, a mi hermana y a las mujeres del Estado de Puebla.

“Absurdo y desmotivador este gesto”, escribió en sus redes sociales Helena Monzón hermana y abogada de la víctima, en un hecho que sin duda obligará a las autoridades a pensar que es lo mejor, porque hay dos ex secretarios de Gobernación celebrados, Mario Marín y Javier López Zavala, que hoy están privados de su libertad.

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¿Merecen homenaje?

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El jueves, comerciantes que se instalan en la calle El Reparo en Xicotepec percibieron un olor nauseabundo proveniente de una vivienda. Al asomarse al interior, notaron que el cuerpo de un hombre pendía de una cuerda.

Elementos de la Fiscalía del Estado y peritos se presentaron para realizar las pesquisas correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver. Se estima que el hombre, cuya edad fluctúa entre los 25 y 30 años, llevaba más de cinco días fallecido.

La violencia criminal se asoma en la Sierra Norte.

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El edil de Zapotitlán, Emiliano Vázquez, fue detenido el jueves en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la Ciudad de México, tras estar prófugo durante un mes por el asesinato de Ramón Malagón, chofer del alcalde electo, Salvador Tino Martínez.

Los delitos por los que investigan al edil de Zapotitlán son homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad, debido a que su hermano y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública están vinculados con el homicidio de Ramón Malagón.

En días pasados, Emiliano Vázquez salió a asegurar que no había cometido ese delito y esperaba que la FGE realizara las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso. El hecho se registró el 1 de junio, cuando el edil de Zapotitlán participó en el asesinato del chofer del alcalde electo, Salvador Tino, en Puente Viejo.

Ahí los agentes de la Seguridad Pública llevaron a Ramón Malagón a un hospital, pero ya sin vida. Por esta razón, la Fiscalía inició una carpeta de investigación, debido a que el cadáver del chofer de Salvador Tino presentaba heridas de arma de fuego. La FGE solicitó órdenes de aprehensión contra las 30 personas y el alcalde de Zapotitlán de Méndez.

*ARD