El penal de Puente Grande, en Jalisco, enfrenta nuevos señalamientos por la presunta operación de un autogobierno que controla actividades económicas dentro del centro penitenciario, incluyendo la venta de cerveza, el cobro por visitas conyugales y la renta de teléfonos celulares.

Los testimonios de visitantes e internos describen un sistema paralelo donde grupos identificados como integrantes de "la plaza" tendrían el control de diversos servicios, mientras especialistas advierten que este tipo de prácticas son frecuentes en gran parte de las cárceles estatales del país.

Revelan presuntos cobros por productos y privilegios

De acuerdo con los testimonios, una caguama de cerveza puede adquirirse por 200 pesos, mientras que una visita conyugal tendría un costo de aproximadamente 2 mil pesos.

Asimismo, algunos internos podrían acceder a un teléfono celular mediante el pago de 15 mil pesos, un servicio que presuntamente funciona bajo un esquema de renta y que solamente estaría disponible para ciertos reclusos.

A estos cobros se suma otro más reducido, correspondiente al uso de las regaderas, cuyo costo sería de cinco pesos.

Las versiones apuntan a que estas actividades son administradas por grupos internos que mantienen el control de diversas áreas del penal.

Visitante asegura que "la plaza" controla el penal

Una mujer que acude regularmente al centro penitenciario aseguró que durante sus visitas ha observado cómo personas vinculadas al autogobierno permanecen dentro del penal vigilando el comportamiento de otros internos.

También afirmó que algunos reclusos le comentaron que dichas personas ingresan desde el exterior para realizar trabajos específicos o brindar protección a determinados presos.

Además, señaló que integrantes de ese grupo colocan internos para escuchar las conversaciones que sostienen los reclusos con sus familiares durante las visitas.

La visitante resumió la situación con una frase contundente: "Ahí no manda la autoridad; mandan los de 'la plaza'".

Especialista afirma que el cogobierno existe en la mayoría de las cárceles

El especialista en temas penitenciarios José Luis Mussi explicó que el fenómeno del cogobierno no es exclusivo de Puente Grande.

Estimó que alrededor del 90 por ciento de los 261 penales estatales presentan esquemas donde los internos ejercen parte del control sobre actividades económicas y disciplinarias.

Entre las principales causas mencionó la corrupción, la insuficiencia de custodios, la sobrepoblación y la falta de personal directivo con experiencia en administración penitenciaria.

Falta de perfiles especializados agrava la crisis penitenciaria

Mussi sostuvo que uno de los principales problemas es la designación de directores sin preparación específica para conducir centros penitenciarios.

Afirmó que en muchos casos los nombramientos obedecen a decisiones políticas y no a criterios técnicos, lo que facilita el fortalecimiento de estructuras de poder al interior de las cárceles.

El especialista advirtió que mientras no se profesionalice la administración penitenciaria y se combatan los actos de corrupción, continuará el crecimiento de los autogobiernos en distintos centros de reclusión del país.

Las denuncias sobre Puente Grande colocan nuevamente bajo escrutinio las condiciones de seguridad y gobernabilidad dentro del sistema penitenciario de Jalisco.

*BC