Puebla, Pue- El Congreso de Puebla aprobó en menos de tres horas el llamado “Plan B”, en un proceso legislativo que destacó por su rapidez. La iniciativa ingresó alrededor de las 10:00 horas y fue turnada a la Comisión de Gobernación.
En cuestión de minutos, las y los legisladores discutieron el dictamen. Mientras tanto, la Mesa Directiva convocó a una sesión extraordinaria para el mediodía, donde finalmente se concretó la aprobación.
Cambios a artículos constitucionales
Durante la sesión, se avaló el oficio remitido por el Congreso de la Unión para reformar los artículos 115, 116 y 134. Estas modificaciones buscan homologar criterios en las entidades federativas.
Además, Puebla decidió adelantarse al plazo establecido, el cual vencía el 30 de mayo de 2026. De esta manera, se convirtió en una de las primeras entidades en cumplir con esta disposición.
Ya en sesión extraordinaria, se aprobó el oficio DGPL/66-2-3-1252 enviado por Magdalena del Socorro Núñez Monreal en representación del Congreso de la Unión, para aprobar las reformas a los artículos 115, 116, 134.
La aprobación de la LXII Legislatura, donde la bancada mayoritaria la tiene el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue de 34 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.
Los 6 votos en contra fueron del Partido Acción Nacional (PAN), con Celia Bonaga Ruíz, Marcos Castro Martínez, Susana del Carmen Riestra Piña, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Luana Armida Amador Vallejo y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara.
Medidas clave del “Plan B”
Parte de las modificaciones dictan:
· 1 sindicatura y hasta 15 regidurías como máximo.
· La aplicación de la equidad de género en los Congresos locales y municipios.
· El presupuesto anual de las legislaturas locales no excederá del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.
· Las remuneraciones de magistrados, consejeros, titulares de órganos administrativos y áreas ejecutivas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), en el caso de Puebla, el Instituto Estatal Electoral (IEE), y Tribunales Electorales de los Estados no excederán el límite, como tampoco contratar seguros de gastos médicos o de vida como pensiones privadas o cajas de ahorro o prestaciones no dispuestas por ley.
Es importante mencionar que los Congresos locales tenían como fecha límite para hacer la homologación al 30 de mayo de este 2026, pero Puebla optó por convocar a sus 41 diputados para cumplir con la disposición.
Fue apenas el miércoles 9 de abril después de varias horas de discusión como la Cámara de Diputados aprobó el “Plan B” por mayoría calificada, con 377 votos a favor, 102 en contra y 0 abstenciones. De la votación a favor, surge como nuevo aliado de Morena, el partido Movimiento Ciudadano (MC).
Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y MC votaron a favor de este dictamen. Los que votaron en contra fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Acción Nacional (PAN).
Dentro de la discusión del Congreso local de Puebla, por el Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Susana Riestra Piña calificó al “Plan B” como una reforma incompleta y hecha a modo para favorecer una política electoral de quienes están en el poder.
Por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Soledad Amieva Zamora, señaló que esta reforma pone fin a los privilegios económicos para unos cuantos, para poner los recursos públicos al servicio de la mayoría.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, acusó que la verdadera intención de reducir el número de regidores, es eliminar a quienes son oposición, terminando con los contrapesos. “No engañen a la gente, la verdad es concentrar el poder en Morena”.
Impacto en la estructura institucional
Finalmente, la aprobación del “Plan B” implica ajustes importantes en la operación de instituciones locales. Estas reformas buscan mejorar la transparencia y el uso de recursos públicos.
Al mismo tiempo, el proceso legislativo evidenció la capacidad de respuesta del Congreso poblano ante disposiciones federales.
*ARD
