Puebla, Pue. La huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad cumplió 121 días y mantiene suspendido el servicio en alrededor de 300 sucursales a nivel nacional, incluidas siete en Puebla —seis en la capital y una más en Tehuacán—, lo que ha dejado sin atención a un estimado de 50 mil pignorantes en la entidad.

En entrevista, Raúl Alejandro García Paredes, dirigente de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, señaló que el paro laboral se originó por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellas más de 16 incumplimientos documentados, pese a que dicho contrato fue firmado al concluir la huelga de 2024.

Indicó que el sindicato no está solicitando prestaciones adicionales, sino el respeto a los acuerdos ya establecidos, los cuales —afirmó— han sido ignorados por la administración.

Agregó que el conflicto laboral también se ha empalmado con la revisión salarial programada para octubre de 2025, lo que mantiene abiertas dos negociaciones paralelas.

Entre las principales demandas del gremio se encuentra la liquidación unilateral de plazas, una medida que —dijo— no está contemplada en el Contrato Colectivo y que benefició únicamente a un grupo reducido de trabajadores. 

Asimismo, denunció el incumplimiento en el pago de pensiones a jubilados, la restricción de permisos sindicales y la eliminación del tiempo destinado para alimentos durante la jornada laboral, lo que afecta a empleados que laboran hasta ocho o nueve horas continuas en sucursales.

De acuerdo con el sindicato, la huelga ha impactado a mil 900 trabajadores activos, así como a 3 mil 600 personas entre jubilados y derechohabientes. Si se consideran a las familias de los empleados, la afectación alcanza a más de 10 mil personas.

En el caso de Puebla, el dirigente sindical informó que la huelga ha provocado la afectación de 340 plazas laborales. Añadió que, aunque a nivel nacional se discute la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el estado el sindicato busca que esta medida sea aplicada de manera generalizada, al asegurar que la empresa tiene la capacidad operativa para hacerlo.

García Paredes detalló que este miércoles se llevó a cabo una audiencia entre la administración y el sindicato, con la expectativa de que se logren avances que permitan destrabar el conflicto y reanudar las operaciones de una institución que —subrayó— cumple una función social al ofrecer créditos prendarios y evitar que las personas recurran a prestamistas informales.