En el estado de Puebla, el Congreso buscan que quienes practiquen, inciten o intenten obligar a una persona que sea parte de la Comunidad Lésbica Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual y Queer (Lgbttiq) a tomar terapias de “reconversión” sean sujetas desde sanciones, trabajo comunitario y hasta castigo de 5 años de cárcel.

La propuesta fue presentada por el diputado Jonathan Collantes Cabañas, quien expuso que ese tipo de intensiones hacia alguien que ha optado por decidir libremente su forma de vida, sería considerado como un acto claro de “discriminación”.

Para lograr esta medida, presentó en sesión pública ordinaria, adicionar el artículo 225 Ter al Código Penal del Estado, tema que fue turnado a Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis para su análisis y así determinar su pre-aprobación o no.

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El legislador evidenció que las personas de la comunidad LGBTTTI se ven sometidas a muchas clases de discriminación, no solo por los grupos sociales, sino incluso por quienes forman parte de sus familias.

Siendo padres, primos, hermanos los que incurren, incluso en agresiones o descalificaciones contra ellos o ellas por declararse abiertamente gay o lesbianas.

En este sentido, el diputado por el PRI, reconoció que en este rechazo familiar a estas personas llevó a que surgiera la modalidad de “terapias de reconversión”, aun cuando la identidad u orientación sexual de las personas no está en duda.

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Y pese a lo anterior, están obligados a tomar dichas terapias a cambio de no ser más discriminados por los círculos sociales que los rodea.

Tal reforma propone sanciones de 2 a 5 años de prisión, así como de 100 a 200 horas de servicio a la comunidad a quien imparta u obligue a otra persona a tomar o acudir dichas terapias.

E incluso a quien obligue a tomar un tratamiento similar que tenga el propósito o finalidad de hacer cambiar en la persona su identidad de género u orientación sexual, sin consentimiento de la misma.

*AR