Por ley autoridades están obligadas a limitar velocidad de autos a 30 y 50 km/h

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, impone los límites de velocidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (30 km/h para vías secundarias y terciarias y 50 km/h para vías primarias).

Nancy de la Sierra Arámburo expresó que “todas las autoridades estamos obligadas a hacer cumplir estos límites, conforme a nuestras atribuciones, con todos los recursos disponibles para ello. Dichos recursos incluyen a los cinemómetros, contemplados desde hace años en el Coremun como una medida efectiva para vigilar la velocidad de los vehículos”.

Estos límites de velocidad también son contemplados por el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun) desde el 2019 y están basados en evidencia científica global plenamente documentada.

La decisión del Ayuntamiento de Puebla de retirar el uso de cinemómetros para vigilar la velocidad vehicular representa un retroceso para el derecho a la movilidad segura de las y los poblanos, así como infringe el marco normativo en la materia; “de poco sirven los límites de velocidad, si no existen mecanismos para hacerlos cumplir”, agregó la Senadora por Puebla.

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Los límites de velocidad salvan vidas. Respetar estos límites aumenta hasta en 95% las probabilidades de que las personas víctimas de siniestros sobrevivan. De ahí que cualquier medida que permita una mejor vigilancia de la velocidad vehicular debe ser empleada conforme al principio de progresividad de los derechos humanos.

Cabe destacar que los cinemómetros son distintos a las fotomultas, ya que los primeros sirven para detectar la velocidad en autos, sin emitir una multa automáticamente. Es importante señalar que las multas por exceso de velocidad no han aumentado desde hace más de 10 años en el municipio.

De la Sierra Arámburo expresó que “construir una ciudad segura, accesible e incluyente para todos los usuarios de las calles requiere de decisiones firmes por parte de las autoridades, con apego a la ley. La LGMSV marca las directrices para ello, al basarse en evidencia científica y el consenso entre la sociedad civil, el sector privado y las autoridades. No podemos dar ni un paso atrás en la transición hacia la movilidad segura para Puebla. Los derechos fundamentales no deben negociarse, sino defenderse”.

*OC