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Por  Diario Puntual 4 de Diciembre de 2019, 03:07 pm

Antorcha Campesina vive los peores momentos de su relación con los gobiernos de Morena y sus prácticas no funcionan como antes, lo peor es que ponen en riesgo a sus jóvenes que al cometer delitos, como la privación ilegal de la libertad, pueden ser encarcelados.

Un botón de muestra ocurrió ayer, cuando estudiantes de Tecomatlán retuvieron a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cortaron por falta de pago la energía eléctrica de la Villa Estudiantil que alberga a 700 estudiantes de diversos niveles.

A las cinco de la mañana, empleados de la CFE, acompañados por policías estatales, acudieron a cortar la luz, por órdenes de sus dirigentes los alumnos retuvieron al personal exigiéndoles la reconexión.

La Villa tiene una deuda de 150 mil pesos con CFE, y el ayuntamiento que es el contratante del servicio se niega a pagarlos, por ello la orden del corporativo de la Comisión, que dirige el poblano Manuel Bartlett, viejo conocido de Antorcha, fue cortar el servicio hasta que cubran su adeudo.

El problema tuvo un segundo capítulo cuando un grupo de estudiantes se traslado a la ciudad de Puebla para manifestarse bajo amenaza de continuar los plantones.

Al final, por la noche se llegó a un acuerdo donde la Villa Estudiantil pagará más de 300 mil pesos en adeudos por el servicio de electricidad. Como parte de la negociación, los trabajadores de CFE fueron liberados para poner fin al conflicto.

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Ayer el portal de Telmex y El Universal Uno-TV publicó un reportaje del robo de trenes y Puebla es uno de los estados de la República que más padecen por este delito.

Señala que los delincuentes se apoderan de trenes completos para “saquear granos, materiales de construcción y todo tipo de electrodomésticos. Para este ilícito, las bandas del crimen organizado usan a niños y mujeres como escudos humanos”.

En su modus operandi, los ladrones cierran el paso a las locomotoras y fuerzan con mazos las puertas de los vagones para hacerse de botines.

“Tan sólo en el estado de Puebla se han abierto 34 carpetas de investigación por robos a trenes. Nueve de ellos en Tehuacán y 21 en la capital, Puebla. Las zonas donde se detiene el tren, donde reduce las velocidades es donde se encuentra el mayor índice delictivo", informó María de Lourdes Rosales, secretaria de Seguridad Ciudadana en la capital.

Hasta ahora no se ha detenido a ninguna persona por estos delitos.

El crimen se organiza, envía a comunidades, niños y mujeres como escudo para inhibir el uso de la fuerza por parte de las autoridades. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles reconoció los esfuerzos de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales en el combate de este delito. Sin embargo pidió reforzar la estrategia.

En tanto, se invierten millones de pesos para monitorear vía remota y pagar vigilancia privada en los 26 mil kilómetros de la red férrea del país.

Puebla, junto con Tlaxcala y Veracruz, es uno de los estados más afectados por el robo de los ferrocarriles. El reto es enorme.

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Todo parece indicar que por fin se decidieron a actuar en el Poder Judicial Federal y ayer en una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral, por unanimidad, consideraron inconstitucional la llamada "Ley Bonilla", por la cual el Congreso de Baja California decidió ampliar el periodo del gobernador de dos a cinco años.

Suscrito por los siete magistrados, el documento con la opinión jurídica de los integrantes de la sala superior registrado como SUP-OP-5/2019 señala a la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para modificar el mandato del gobernador que tomó posesión el uno de noviembre.

"El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional", sostienen los siete magistrados en un documento enviado a la Corte.

En los días difíciles para la economía mexicana, con la certeza de que no se aprobarás este año el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Senado metió freno a la reforma laboral que prohíbe la mayoría de los esquemas de outsourcing.

Minutos después de que en comisiones aprobaron el dictamen de reforma a la Ley del Trabajo y del IMSS por la mayoría de Morena, el coordinador Ricardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva que se frene su trámite.

Mediante un oficio enviado a la presidenta del Senado, Monreal arguyó que se debe convocar a un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa que enfrentó las críticas del sector empresarial.

Desde la cúpula del poder frenaron la propuesta de Napoleón Gómez Urrutia para declarar ilegal la subcontratación, que hoy es parte importante del esquema de contratación de miles de empresas mexicanas, consorcios internacionales e incluso dependencias públicas y gobiernos. Por lo pronto no pasó.

 

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